El largo recorrido por Verdad y Justicia en Argentina

 

 

En diciembre del 2007 se pronunció en Buenos Aires la primera
sentencia contra militares, luego de la reapertura de los juicios y
la nulidad de las leyes de impunidad. Los condenados en la causa
conocida como "Batallón 601", fueron nada menos que el ex jefe del
Ejército, Cristino Nicolaides, el ex jefe de la Central de Reunión del
Batallón 601 y del grupo de tareas 2, Jorge Luis Arias Duval, el agente de
inteligencia Santiago Manuel Hoya y cinco integrantes de la conducción
del Batallón 601 ( Juan Carlos Gualco, Waldo Carmen Roldán, Julio
Simón -el Turco Julián-, Carlos Fontana y Pascual Omar Guerrieri).
Esta vez no se trató de personajes menores, sino de responsables principales
de lo que ocurrió en la Argentina hace 30 años.
Para llegar a este proceso se recorrió un largo camino, en el cual las
organizaciones sociales tuvieron una participación decisiva, torciendo
una y otra vez la voluntad de sucesivos gobiernos que buscaron consagrar
la impunidad. Estos intentos comenzaron durante la propia dictadura,
en primer lugar con el método utilizado por la represión clandestina: el
del secreto. Luego, con frases como la del general Roberto Viola, comandante
en jefe del Ejército y dictador, quien llamó a los desaparecidos
"ausentes para siempre" y pidió que no se investigara el tema y con los
pedidos del ex dictador Jorge Rafael Videla quien exigió apoyo a lo actuado
por las Fuerzas Armadas en aquellos años para discutir una salida
política con los partidos disueltos. También el ex comandante en jefe del
Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, advirtió: "No pidan explicaciones
porque no las daremos" en el día del Ejército de 1979. Y el ex ministro
del Interior, general Albano Harguindeguy, dijo que los militares argentinos
sólo se arrodillaban y confesaban ante Dios, cuando se publicó
el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
1980. Finalmente, la ley de autoamnistía fue sancionada cuando se hizo
evidente
que los militares no podían sostenerse más en el gobierno y
tenían que dejarlo.
Organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, organizaciones
sindicales que tuvieron un alto número de víctimas durante
esos años, y también organizaciones internacionales frustraron reiteradamente
los intentos de la dictadura por garantizar la impunidad. Emilio
Mignone, el presidente fundador del CELS, cumplió un rol muy importante
en este sentido porque permanentemente invitó a la Argentina a
organizaciones de abogados, de periodistas y de derechos humanos para
que vinieran o enviaran misiones a observar lo que estaba ocurriendo.
Terminada la dictadura, entre 1984 y 1985 funcionó una comisión investigadora
presidencial que en un lapso de seis meses tenía que compilar
un informe sobre los desaparecidos. También se llevó adelante un procedimiento
judicial que en un período menor a un año debía condenar a
un grupo mínimo de altos jefes de la dictadura. Esa comisión presidencial,
integrada por personalidades de la sociedad, pero que tuvo en su secretaría
el aporte fundamental de los organismos de derechos humanos,
no sólo produjo un informe sobre los desaparecidos sino también sobre
los desaparecedores, lo cual contradecía la voluntad del presidente Raúl
Alfonsín que de ninguna manera quería avanzar en esa dirección.
En 1985 fueron condenados varios ex comandantes en jefe, entre ellos
los de la primera junta militar (Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti)
por un tribunal que les dio todas las garantías de defensa que no habían
tenido sus víctimas durante la dictadura. Culminaron también otros dos
juicios: una condena contra dos ex jefes de la policía de la provincia
de Buenos Aires y algunos oficiales de esa institución y se iniciaron las
actuaciones contra oficiales del cuerpo I de Ejército y de la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA). En ese momento se produjeron los
alzamientos militares de la Semana Santa de 1987 y, bajo esa presión,
el gobierno de Alfonsín consiguió que el Congreso votara la Ley de
Obediencia Debida.
Antes de la votación, y con apenas veinticuatro horas de diferencia
respecto de la ley oriental de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado, en diciembre de 1986, se había aprobado la Ley de Punto
Final. Esta coincidencia tiene que ver con acuerdos entre los gobiernos
de Argentina y Uruguay -existía una relación muy estrecha entre los
presidentes Alfonsín y Julio María Sanguinetti-, pero sospecho que también
se vincula con recomendaciones del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, de lo cual si bien no hay pruebas, existen serios indicios.
Había en aquel momento un interés muy grande del gobierno de los
Estados Unidos porque estos procedimientos no avanzaran más allá de lo
que ellos consideraban prudente, y se planteaba la necesidad de acuerdos
entre los partidos políticos democráticos para sostener la institucionalidad
e impedir desbordes de la justicia.
En el momento en que esa vía se cerró por las leyes de impunidad
hubo, durante algunos años, un reflujo de las luchas populares. Al respecto,
cada vez que la sociedad argentina fue consultada con sondeos de
sociología política, un porcentaje que nunca bajó del 60% y que varias
veces superó el 80%, se pronunció en contra de la impunidad y a favor
de la justicia. Y los organismos de derechos humanos continuaron una
movilización permanente, a pesar de que en aquel momento parecía que
el camino estaba definitivamente cerrado.
Hubo nuevos alzamientos militares porque, a pesar de la Ley de
Obediencia Debida, seguían todavía bajo proceso un par de centenares
de oficiales de las Fuerzas Armadas. También hubo indultos, dictados
por el gobierno de Carlos Menem en 1989 y en 1990, para aquellos que
ya habían sido condenados. El comienzo del gobierno de Menem coincide
con el referéndum uruguayo que confirmó la ley de Caducidad (en
abril fue el referéndum en Uruguay, en mayo Menem ganó las elecciones
en la Argentina). Hay una interrelación muy fuerte entre estos dos procesos,
como también respecto de la situación chilena.
Durante el gobierno del presidente Menem se produjo un alivio muy
grande en relación con la hiperinflación que se había vivido hacia el fin
del gobierno anterior. Pareció, durante algunos años, que la sociedad
argentina quería olvidarse de estos temas y no seguiría exigiendo justicia
por los crímenes de la dictadura.
En 1995 entrevisté a un capitán de la Armada, Adolfo Scilingo, que
confesó haber arrojado 30 personas con vida al mar. Esto provocó una
enorme conmoción en la sociedad argentina y tuvo también repercusión
internacional. A raíz de esta confesión, Mignone, que todavía era
presidente del CELS, presentó a la justicia un pedido planteando que, si
bien las leyes de impunidad impedían el castigo penal, no impedían la
investigación de la verdad -algo que estaba previsto en el artículo 4 de la
ley de Caducidad del Uruguay- por lo que la investigación debía hacerse
de todos modos. Esta es la interpretación que la justicia chilena ha dado
sobre la amnistía de ese país, que no se concede automáticamente, sino
luego de una investigación caso por caso. Mignone presentó entonces
un pedido a la justicia que ésta concedió para investigar qué había ocurrido
con su hija detenida desaparecida. Estos procesos de investigación
de la verdad se fueron extendiendo gradualmente por todo el país a partir
de reclamos de familiares de víctimas, de organizaciones de derechos
humanos y de organizaciones sindicales que manifestaban una voluntad
muy firme en ese sentido.
También como efecto lateral de las confesiones de Scilingo, en 1996,
al cumplirse 20 años del golpe militar, hubo una enorme movilización
frente a la Casa de Gobierno. Aquí hay un elemento generacional muy
importante porque 20 años es el lapso de una generación y en esa manifestación
había gente que tenía 20 años en ese momento, que no había
vivido bajo la dictadura, que no tenía miedo, que reclamaba conocer,
que quería la verdad.
Un funcionario de la justicia española, el fiscal Carlos Castresana
(quien no es muy conocido públicamente pero es un verdadero héroe
civil) vio la transmisión televisiva de esa movilización y se preguntó:
"¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta gente? Si está cerrado el camino
de la justicia en la Argentina, vamos a tratar de abrirlo en España".
Y él fue quien consiguió, estudiando y buscando en los códigos, en la ley
internacional y en las constituciones, fundamentar el procedimiento de
la jurisdicción universal por el cual el juez Baltasar Garzón pidió la extradición
de un centenar de militares argentinos. Esto, a su vez, estimuló
a un grupo de militantes chilenos que plantearon: "Nosotros tampoco
podemos tener justicia en nuestro país, tengámosla aquí". Y esto derivó,
en octubre de 1998, en la detención de Augusto Pinochet en Londres.
Aquí empieza una etapa muy importante porque en la Argentina las
leyes de impunidad habían excluido las apropiaciones de hijos de detenidos
desaparecidos y el saqueo de bienes. Sin embargo, ninguna de
las causas por esos dos tipos de delitos avanzaba a pesar de que no estaban
perdonados por la legislación positiva. Veinticuatro horas después de
producirse la detención de Pinochet, un juez en la Argentina ordenó el
arresto del almirante Massera, y luego otro juez ordenó el arresto del general
Videla por estos delitos. En poco tiempo los procesos por apropiación
de chicos avanzan al punto de que llega a haber unos 20 altos jefes
militares detenidos por ese único delito que no había sido perdonado. El
cuadro entonces era el siguiente: los juicios de la verdad extendidos por
todo el país y Pinochet devuelto a Chile por esa componenda que todos
conocemos entre los dos gobiernos (en vez de enviarlo a España para el
juicio, lo enviaron a Chile) y desaforado al llegar al país. A esto se sumó
la puesta en movimiento de un proceso muy interesante con juicios en
Francia, en Estados Unidos y en Alemania contra militares argentinos,
en algunos casos por el principio de la jurisdicción universal, en otros
por la desaparición o asesinato de connacionales de esos países.
Al acercarse el vigésimo quinto aniversario del golpe militar, en el
CELS llegamos a la conclusión de que no quedaba ninguna razón política,
jurídica, ética, nacional ni internacional que obligara a la subsistencia
de las leyes de impunidad y, a mediados del año 2000, presentamos
a la justicia argentina el pedido de nulidad de las leyes. Lo hicimos en
un caso muy interesante, que mostraba muy claramente la aberración de
esas leyes. Era el caso de un matrimonio que fue secuestrado junto con
su hijita, una beba. Los dos miembros de la pareja fueron torturados y
asesinados y la hija fue dada en falsa adopción a un militar.
Cuando la investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo permitió reconstruir
esta historia, por la vigencia de la persecución penal del delito de
apropiación de bebés, los autores de estos crímenes fueron procesados y sometidos
a juicio. En cambio, no podían ser procesados por el secuestro, la
tortura y el asesinato de los padres. Desde el punto de vista de la dogmática
penal esta situación era claramente un disparate, porque se estaba persiguiendo
un delito de menor gravedad y no se podía perseguir un delito de
mayor gravedad, cometido por las mismas personas en el mismo acto.
Nosotros pensamos que la proximidad del 25 aniversario del golpe
militar implicaría también una gran movilización social y que esto obraría
como un elemento para contrarrestar la presión contraria de los sectores
interesados en la impunidad y permitiría que el juez dictara un fallo
de acuerdo a sus convicciones y a las leyes, y no en función de la presión
política que hasta entonces había imperado. En marzo del 2001 el juez
Gabriel Cavallo declaró la nulidad de las leyes de impunidad; esto fue
confirmado luego por los tribunales superiores y se fue extendiendo a
otros lugares del país, donde otros jueces hicieron lo mismo.
Desde el CELS elegimos muy cuidadosamente algunos casos para
avanzar en este sentido: denunciamos, por ejemplo, a quien en ese
momento
era el jefe de Estado Mayor del Ejército por haber participado
en actos de lesa humanidad. Es decir, no elegimos a un sargento ni a un
policía, sino al jefe del Ejército. Por supuesto, esto dio lugar a un proceso
muy duro, con todo tipo de artimañas y presiones para tratar de que la
Corte Suprema de Justicia revirtiera esas decisiones y cerrara la reapertura
de los juicios.
Hubo presiones nacionales, internacionales y eclesiásticas. El obispo
castrense, el jefe de estado mayor del Ejército y algunos funcionarios del
gobierno interino del senador Eduardo Duhalde, que estuvo un tiempo
a cargo del Poder Ejecutivo, visitaron la Corte Suprema de Justicia, en
una negociación para que se cerrara este tema antes de la entrega del gobierno
al presidente electo Néstor Kirchner.
Los organismos de derechos humanos lo denunciaron una y otra vez;
yo personalmente fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para denunciar todas estas presiones y estos intentos de cerrar el proceso
de justicia hasta que, al asumir el gobierno en mayo de 2003, el presidente
Kirchner, hizo un pronunciamiento por el cual toda esta movilización
desde la sociedad tuvo por primera vez un respaldo del Estado.
El presidente dijo: "En este tema, mi política es memoria, verdad y
justicia", con lo cual de alguna manera se emparejaron las fuerzas y, en
mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia convalidó la nulidad de
las leyes, que ya habían sido derogadas en 1998 por el Congreso, pero
no anuladas. Fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia y por
el Congreso, se ratificaron los tratados internacionales que impiden la
prescripción y el perdón para este tipo de crímenes. Un dato muy significativo
que muestra la buena sintonía que en esta lucha han tenido
los organismos argentinos con cierto desarrollo del derecho humanitario
del derecho internacional, es que dos semanas después del fallo del juez
Cavallo declarando la nulidad de las leyes, la Corte Interamericana de
Justicia produjo el fallo "Barrios Altos", en el que sustancialmente declara
lo mismo que Cavallo, que estas graves violaciones a los derechos
humanos (la Corte no los llamó de lesa humanidad, sí lo hizo el juez
argentino) no podían ser perdonados, ni su persecución cesar por el mero
paso del tiempo.
Lo que resta por delante es establecer la persecución penal en una
forma racional para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo desde
2005 (cuando quedó finalmente suprimido el obstáculo de las leyes de
impunidad) hasta ahora y es que sólo ha habido juicios muy parciales,
contra pocos perpetradores y por poca cantidad de víctimas.
La primera condena, en la cual conseguimos la nulidad, fue contra
un suboficial de la policía federal; el segundo caso fue contra un oficial
de la policía de la provincia de Buenos Aires; el tercero contra un sacerdote,
capellán de la policía de Buenos Aires; el cuarto que estaba por
fallarse era contra un prefecto que se encargaba de quitarle los chicos a
las parturientas en la ESMA y entregarlos a familias militares, el prefecto
Héctor Febrés, quien fue encontrado muerto en su celda, con restos de
cianuro en su cuerpo. Luego llegó la condena a los militares en la causa
del Batallón 601.
El desafío actual es organizar la persecución penal de una manera
inteligente, que garantice a las víctimas el derecho a la satisfacción de
ver que finalmente se realicen los procesos; a los victimarios el derecho a
un juicio justo, donde el que sea culpable resulte condenado y el que sea
inocente no; y a la sociedad la posibilidad de cerrar esto de la única manera
en que una sociedad civilizada puede cerrarlo que es con decisiones
de la justicia, que permitan finalmente dejar atrás la página más trágica
de la historia argentina.

Notas Adicionales
Julio López
La desaparición de Jorge Julio López es un hecho gravísimo.1 Muestra
que los peligros y las presiones no son sólo de obstrucción del funcionamiento
de la justicia. Desde el CELS hemos tomado una serie de medidas
y hemos hecho una serie de planteos al Estado, propiciando la seguridad
para los testigos y la investigación del caso específico de López. Hemos
llevado una propuesta al Poder Ejecutivo, a raíz de lo cual ha creado el
Programa de Verdad y Justicia que dirige Marcelo Saín. También presentamos
una propuesta a la Procuración General, a raíz de la cual se ha
creado una unidad fiscal dedicada a entender en este tipo de casos y que
ha producido informes muy interesantes, dando un panorama de conjunto
de un tema que, de otro modo, se presentaba como una serie de
hechos dispersos. Hemos llevado una propuesta a la Corte Suprema de
Justicia que esperamos que también a muy corto plazo disponga algunas
medidas de ordenamiento de los juicios, para que puedan realizarse sin
que los mismos testigos tengan que repetir mil veces su testimonio: hoy
contra un prefecto, mañana contra un oficial de marina, y pasado contra
un policía.
Por ejemplo: la primera condena después de la nulidad de las leyes
fue contra un suboficial de la policía federal que estuvo en un campo de
concentración donde hubo entre 50 y 100 represores y entre 250 y 300
víctimas. Es absurdo que todos esos testigos tengan que ir una y otra vez
a declarar contra cada uno. Va a haber, entonces, algunas decisiones de
ordenamiento de acuerdo a la propuesta que nosotros y otros organismos
de derechos humanos hemos hecho para que no tengan que repetir esa
diligencia que, además, expone a los testigos a un riesgo adicional y a un
desgaste emotivo muy significativo. Al mismo tiempo estas decisiones no
deben comprometer el derecho de defensa de los victimarios, quienes no
pueden ser privados de los derechos que ellos negaron a sus víctimas.
Frente a episodios como el de Julio López hay dos formas de respuesta
y hemos tratado de desarrollar las dos: propiciar sistemas de investigación
que permitan identificar a los responsables, cosa que hasta ahora no se ha
logrado, y desarrollar sistemas de protección a otros testigos, cosa en la
cual se ha avanzado bastante, si bien todavía falta mucho por hacer. Pero
también es fundamental organizar los juicios para que se produzcan en
una forma rápida y eficiente porque ése es el mejor modo de desalentar
las presiones contra los testigos, jueces, abogados y contra los organismos
de derechos humanos. Porque esos actos delictivos tienen la intención de
frenar los juicios. La mejor respuesta frente a estas redes de ilegalidad es
demostrar que no sólo no se frenan los juicios, sino que somos capaces
de organizarlos en una forma contundente que garantiza que todos los
derechos sean respetados, los procesos avancen y produzcan las condenas
que tiene que producir.

Kirchner y los derechos humanos
El gobierno de Kirchner ha sido importante para el avance del proceso
de justicia, pero es conveniente recordar que la situación actual es fruto
de una larga lucha de sectores muy importantes de la sociedad. Kirchner,
sin duda, tiene una posición muy nítida, muy clara en ese sentido: él
estuvo detenido, fue secuestrado y golpeado durante la dictadura. Tiene
compañeros suyos de estudio, en la ciudad de La Plata, que fueron detenidos
desaparecidos. Él ha hecho homenaje público a esos compañeros.
Cuando se inauguró el parque de la memoria, que fue creado por
presión y movilización de los organismos de derechos humanos, él fue
a la inauguración y tocó la placa de uno de sus compañeros de estudio,
detenido desaparecido. Además tiene una actitud muy clara respecto de
este tema.
Kirchner dice muy claramente lo que piensa al respecto y ha denunciado
públicamente la actitud de algunos jueces que sabotean el avance
de estos procesos. Esto ha servido para que algunos tribunales que estaban
muy remisos, finalmente se hayan decidido a actuar al respecto.
Inclusive ha servido para que el Consejo de la Magistratura iniciara el
proceso de remoción por juicio político de un juez que realmente no
tiene condiciones para ser juez en una democracia, pero hasta que el presidente
Kirchner no lo dijo públicamente el procedimiento de remoción
no comenzaba, a pesar de que había muchas denuncias en su contra. Se
trata del juez Alfredo Bisordi, quien finalmente renunció en el mes de
marzo de 2008, cuando su destitución era inminente.

El modelo del Cono Sur vs. Sudáfrica
Chile y la Argentina constituyen un modelo, si bien hay diferencias: en
el caso de la Argentina, el establishment militar se derrumbó después de
la guerra de Malvinas; en Chile, en cambio, Pinochet se retiró con todos
los honores y se mantuvo con las leyes de amarre, los senadores vitalicios
y la comandancia en jefe. Por eso, creo que la lucha fue más difícil en
Chile que en la Argentina y no porque aquí haya sido fácil, por cierto.
El otro modelo en el mundo, es el de Sudáfrica, donde se plantea el
canje de impunidad por confesión de la verdad. Este modelo es opuesto
al del Cono Sur. Creo que en Sudáfrica hay una gran insatisfacción con
esta vía que, de todos modos, tiene una explicación política.
El modelo del Cono Sur está teniendo repercusiones en Uruguay y
en Colombia, y ha tenido repercusiones en Perú (como en los casos de
Barrios Altos y el Grupo Colina), donde en función de decisiones del
Sistema Interamericano han comenzado los procesos contra perpetradores
de las violaciones de los derechos humanos.
Tanto en Chile y Argentina como en Sudáfrica los procesos de justicia
son posteriores a los hechos. En Colombia, en cambio, el proceso de
es contemporáneo con el conflicto, lo cual es una condición totalmente
distinta. El presidente Álvaro Uribe abre una negociación con
los paramilitares sobre un modelo a la sudafricana, de canje de impunidad
por confesión. Si bien en este caso la impunidad no es absoluta, sino
que refiere a la concesión de penas muy bajas en relación con la gravedad
de los delitos. Pero ahí interviene la justicia colombiana y el Tribunal
Supremo Constitucional de Colombia dice: "Esta ley no es constitucional,
no puede ser que estos señores, simplemente por confesar lo que
han hecho, tengan penas tan bajas y se perdonen crímenes tan graves".
En este momento hay varios centenares de paramilitares que han hecho
confesiones frente a la justicia, a las que se llama versiones libres, porque
no han sido interrogados por un fiscal. Ellos cuentan todo lo que quieren
contar, después va a haber una segunda ronda en la que les van a preguntar
ya sobre una investigación hecha por los fiscales y sobre las versiones
libres que ellos han hecho.
Los datos que han dado los versionados, como los llaman en Colombia,
ya han permitido una modificación de la situación de las relaciones de
fuerza política al interior de la sociedad colombiana; han motivado la
renuncia de la canciller, cuyo padre y hermano están detenidos, y se ha
introducido en el debate político de Colombia el fenómeno de la parapolítica,
es decir, de los vínculos entre los militares y el sistema político. Y
detrás de todo eso, naturalmente, la sombra del narcotráfico, de la cual se
habla menos, pero que evidentemente tiene mucho que ver tanto por el
lado de los paramilitares como por el lado de las FARC.
Creo que en Europa también ha habido influencia de lo que pasa en
Sudamérica porque el conflicto de la ex Yugoslavia, con los campos de
concentración que esta vez fueron transmitidos en directo por televisión,
representó un impacto muy grande ya que mostró que era posible la repetición
de cosas que se creían imposibles. Los campos de concentración
del nazismo se conocieron cuando los ejércitos aliados llegaron y liberaron
a los pocos sobrevivientes. Los campos de concentración de la ex
Yugoslavia se vieron en vivo y en directo. Esto ha dado un gran impulso
también a las nuevas formas de justicia internacional, como los tribunales
especiales, tanto los de la ex Yugoslavia, como los del genocidio
de Ruanda. También tiene repercusión en África, por ejemplo, con el
principio de la justicia universal, cuando comienza a juzgarse en Senegal
a un ex dictador de Sudán.
Estamos en un proceso de cambio muy importante que de ninguna
manera está cerrado y que marca un tema fundamental: la única excepción
que hay en el mundo es la excepción estadounidense, donde se
cometen aberraciones equivalentes a las que cometieron las dictaduras
de Chile, Argentina, Uruguay, Ruanda, Sudán y los paramilitares de
Colombia. Hasta ahora no hay posibilidad de que esto sea sometido a la
justicia. Creo que en algún momento también habrá justicia para los crímenes
abominables que está cometiendo el gobierno de Estados Unidos.

 

recuperativo 1 parcial ees

 

junior monroy 18443389

 

fuentes :http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf