DERECHOS HUMANOS,
PARTICIPACIÓN POLÍTICA,
Y SOCIEDAD CIVIL
"Accountability" por las
violaciones del pasado
Legado de las violaciones de
derechos humanos: políticas de
verdad, justicia, reparación y
memoria en Chile, 1990–2007
La dictadura militar regida por Augusto Pinochet (1973-1990) se
caracterizó por la violación masiva de los derechos de las personas:
detenciones, torturas, sentencias a decenas de años de prisión
que fueron conmutadas por extrañamiento, ejecución y desaparición
de personas, privación de la nacionalidad, exilio, despido laboral
por motivos políticos, relegaciones y otras situaciones represivas que
afectaron a cientos de miles de personas que fueron declaradas enemigos
de la patria en razón de sus ideas y de sus afiliaciones políticas. En
1978, el régimen dictó el decreto ley de amnistía Nº 2.191 en nombre
de la unidad nacional y la reconciliación política, como se había hecho
en el país desde 1818.
Las denuncias de las violaciones de derechos humanos ante los tribunales
empezaron el 14 de septiembre de 1973, cuando se presentó el
primer recurso de amparo por personas que habían sido detenidas y cuyo
paradero era desconocido.2 Ese y otros miles que le siguieron, fueron rechazados.
Casi todas las presentaciones judiciales (peticiones de ministros
en visita, querellas y demandas civiles), no tuvieron los resultados esperados.
Los jueces, con escasas excepciones, no avanzarían en los casos
ni identificarían a los responsables durante casi tres décadas. A pesar de
todo, los abogados de derechos humanos insistieron desde el primer día
en la vía judicial.
Verdad , reparación y justicia
El programa político de la coalición de gobierno "Concertación de
Partidos por la Democracia", que sucedió al régimen militar, fue diseñado
en 1989 y sirvió como carta de navegación para enfrentar los principales
problemas del país al término del régimen militar. El capítulo sobre
derechos humanos incorporó algunos elementos de las propuestas de las
organizaciones de las víctimas y de los organismos de derechos humanos.
Los objetivos prioritarios eran: a) el establecimiento de una verdad pública
sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas (especialmente sobre
las situaciones con resultado de muerte); b) la reparación de las personas
afectadas; c) el logro de condiciones legales, sociales y políticas para impedir
la repetición de una situación semejante. En 2003, el presidente de la
República Ricardo Lagos reformuló la propuesta de derechos humanos de
la Concertación asumiendo algunas de las situaciones que aun se encontraban
pendientes. Fue la propuesta "No hay mañana sin ayer".
Al asumir Patricio Aylwin Azócar (PDC)3 como presidente de
la República (1990-1994), regía la Constitución de 1980 y Augusto
Pinochet seguía como comandante en jefe del Ejército, permaneciendo
en ese cargo hasta enero de 1998. Las disposiciones y "amarres" políticos
y administrativos del régimen militar y la existencia de senadores
designados restringieron al nuevo gobierno, especialmente en relación
a las iniciativas sobre derechos humanos. El gobierno reafirmó que las
violaciones de los derechos humanos y su reparación era un problema
político de la transición y por ello se buscaba alcanzar consensos amplios,
fundando las políticas en el conocimiento de la verdad sobre lo que había
ocurrido en el país y de sus efectos sobre las víctimas.
Consistente con esta visión, el presidente Aylwin creó la Comisión de
Verdad y Reconciliación (CVR, 1990-1991), conocida también como
Comisión Rettig. Fue una de las primeras medidas de su gobierno.
Recibió los testimonios de los familiares y calificó a las víctimas. A su
cierre le sucedió la Corporación de Reparación y Reconciliación (CRR,
creada por la ley Nº 19.123, 1992-1996) que completó el reconocimiento
de las víctimas. Los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas
de violencia política sumaron 3.195 víctimas.
El Congreso aprobó en 1992 la ley de reparaciones Nº 19.123. La
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fue consultada
durante la discusión de la ley y se incorporaron algunas de sus
proposiciones. La ley estableció una pensión vitalicia para los familiares
directos (esposa y madre; hijos hasta los 24 años con excepción de los
discapacitados que recibieron una pensión vitalicia), atención de salud
especializada, educación para los hijos hasta los 35 años y exención del
servicio militar obligatorio.
La Comisión de Verdad y Reconciliación propuso entre sus recomendaciones
la creación de un Programa de Reparación y Atención
Integral de Salud para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos
(PRAIS).6 Fue organizado desde el Ministerio de Salud, implementando
la atención gratuita de salud y salud mental para todas las víctimas de
violaciones de derechos humanos y sus familiares desde 1990. Fueron
definidos como beneficiarios los afectados directos (y su grupo familiar
inmediato) de todas las situaciones represivas reconocidas por el Estado.
Como parte de la respuesta del gobierno al informe de la Comisión
Rettig, el presidente Aylwin envió un oficio a la Corte Suprema solicitándole
investigar los hechos "que hubiesen ocasionado muertes o desaparecimientos
de personas, sin que el decreto ley de amnistía de 1978
fuese un obstáculo para estos efectos". Este llamado a los tribunales para
que investigaran antes de aplicar la amnistía de 1978, contribuyó a cambiar
el curso de la historia de la impunidad en Chile como se puede apreciar
en la historia de los años siguientes.
La Oficina Nacional del Retorno (1990-1994) fue creada mediante la
ley Nº 18.994. Su función principal fue la de impulsar programas de reinserción
de chilenos exiliados que retornaran al país y de sus hijos nacidos
en el extranjero. Durante tres años atendió a una población de 19.251
retornados que, en conjunto con sus grupos familiares, significaron un
total aproximado de 56 mil personas. Mediante la ley Nº 19,074 se autorizó
el ejercicio profesional a personas que obtuvieron títulos o grados
en el extranjero, los que fueron convalidados por la ONR; se otorgaron
credenciales para asistencia médica gratuita en el sistema público de salud
y se concedieron franquicias aduaneras por la ley Nº 19.128.
En relación con la situación de los presos políticos (la mayoría de los
cuales habían sido torturados y habían carecido de las debidas garantías
procesales y el respeto a sus derechos), el presidente Patricio Aylwin se
comprometió a otorgarles la libertad. Para ello se desarrollaron varias iniciativas
legales, las cuales ingresaron al Congreso el 20 de marzo de
1990. La imposibilidad de liberar a los presos políticos según la legislación
vigente llevó posteriormente a proponer una reforma constitucional
para facultar que el presidente de la República pudiese indultar
a ciertos presos políticos acusados de delitos terroristas. Esa reforma
constitucional fue negociada con el partido de oposición Renovación
Nacional y fue aprobada en 1991, siendo liberados hasta el final del pe-
ríodo los cerca de 400 presos políticos que se encontraban encarcelados
al inicio del gobierno.
Las reformas procesales de 1991 suprimieron delitos propios de la
legislación del régimen militar, especialmente en relación a conductas
legítimas que la legislación militar consideraba delictivas. Se dio la oportunidad
a los procesados de retractarse ante la justicia ordinaria de lo
declarado ante el tribunal castrense (ante el riesgo de confesiones extrajudiciales
obtenidas mediante apremios), al disponerse que los tribunales
militares transfirieran la mayoría de las causas que tramitaban a los tribunales
ordinarios.
Los más de cien mil despedidos por razones políticas durante el régimen
militar se habían organizado desde 1986 para buscar reparación.
Mediante la ley Nº 19.234 (1993) se creó el Programa de Reconocimiento
al Exonerado Político (PREP), dependiente del Ministerio del Interior
que ha implementado las disposiciones de esa ley. Dicha ley estableció
beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos
políticos y definió el plazo para la recepción de solicitudes.
Acogiendo una petición de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,
el 13 de marzo de 1991 el gobierno promulgó el decreto supremo Nº 294
del Ministerio de Justicia mediante el cual creó la Fundación Memorial
del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político que llevó a cabo la
construcción de una plaza y un mausoleo en el Cementerio General de
la ciudad de Santiago, con el fin de preservar la memoria histórica y enterrar
los restos de las víctimas que fueran ubicadas.
En relación con las propiedades confiscadas durante la dictadura, el gobierno
de Aylwin envió un proyecto de ley para la restitución de dichas
propiedades que afectaron principalmente a los partidos políticos y a las
organizaciones sindicales. No alcanzó a ser aprobado durante su gobierno.
El presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (PDC)12 gobernó entre 1994-
2000. En el mes de agosto de 1995, su gobierno envió al Senado de
la República un proyecto de reformas constitucionales destinadas, entre
otras cosas, a suprimir las senadurías institucionales; terminar con la incidencia
del Consejo de Seguridad Nacional y disponer que la convocatoria
de este organismo fuera efectuada por el presidente de la República
de oficio o a petición de al menos tres de sus integrantes; otorgar al primer
mandatario voto dirimente en caso de empate.
En 1995 se inició el Programa de Reparación para los campesinos
"exonerados de la tierra". Se creó como resultado de las demandas de las
organizaciones campesinas para obtener reparación para quienes fueron
expulsados de la tierra por la aplicación del DL 208 de 1973, que dejó
fuera de la asignación de tierras en el proceso de Reforma Agraria a los
dirigentes y activistas campesinos. Las organizaciones campesinas solicitaron
como reparación la creación de un Fondo de Tierras para asignarlas
a los que fueron excluidos. Esta demanda fue sustituida finalmente por
la asignación de pensiones de gracia del presidente de la República. Fue
implementado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
Las pensiones empezaron a otorgarse en 1996 finalizando en 1999 y tuvo
2.999 beneficiarios estableciéndose tres tramos distintos según la edad.
La pensión más alta correspondía a los mayores de 65 años al momento
de calificación y tuvo un monto mensual de $77.411, es decir, el equivalente
a las pensiones mínimas del sistema previsional.
En diciembre de 1996 se cerró la Corporación de Reparación y
Reconciliación y se creó el Programa de Continuación de la ley Nº
19.123 del Ministerio del Interior para mantener las acciones destinadas
a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte
de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante
existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no hubieran sido
ubicados.
Como parte de las iniciativas de reparación simbólica el Ministerio de
Educación declaró, en 1996, monumento nacional a los restos dinamitados
de los hornos de Lonquén. Allí fueron encontrados los restos de 15 detenidos
desaparecidos en 1978. El 7 de noviembre del mismo año, la ministra
de Bienes Nacionales, entregó a la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos un inmueble fiscal, ubicado en la
ciudad de Santiago, lugar donde se construyó la sede de la Agrupación
Casa de la memoria Sola Sierra, en nombre de la presidenta de la agrupación
ya fallecida. Con propósitos similares, el Ministerio de la Vivienda
expropió los terrenos en que funcionó la Villa Grimaldi para construir un
parque y transformarlo en un sitio de memoria, en reconocimiento a las
víctimas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En 1998 se aprobó en el Congreso la ley Nº 19.582, sobre exonerados
políticos ampliando las categorías de quienes podían ser calificados
como beneficiarios, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas
(FFAA) y a otras categorías de funcionarios públicos y definiendo un
plazo para presentar los antecedentes al Programa de Reconocimiento
del Exonerado Político.
En relación con las confiscaciones de bienes a particulares, partidos
políticos y organizaciones sindicales en 1998 se promulgó la ley Nº
19.568 que dispone "la restitución o indemnización por bienes confiscados
y adquiridos por el Estado a través de los Decretos Leyes NEs 12,
77, y 133 de 1973, 1.697 de 1977 y 2.346 de 1978". La ley estableció los
procedimientos y condiciones para efectuar dicha restitución, la que fue
implementada por el Ministerio de Bienes Nacionales desde 1998.
En agosto de 1999, a iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo
Pérez, se instaló una mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos.
Participaron en ella representantes de la sociedad civil, abogados de
Derechos Humanos y representantes de los comandantes en jefe de las
FFAA y de Carabineros.14 El diálogo se inició mientras Augusto Pinochet
se encontraba detenido en Londres. La Mesa de Diálogo terminó en
junio de 2000, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar
(2000-2006).
Como parte de los acuerdos finales alcanzados, las FFAA se comprometieron
a buscar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
El ejecutivo envió un proyecto de ley para establecer la obligación
de secreto para quienes recibieran información conducente a la
ubicación de los detenidos desaparecidos. Fue la ley Nº 19.687. En enero
de 2001, las FFAA entregaron un informe en relación con el paradero
de 200 detenidos desaparecidos, declarando que más de 150 habían sido
arrojados al mar y reconociendo que se trataba de actos repudiables. El
gobierno solicitó a la Corte Suprema la designación de jueces de dedicación
exclusiva para investigar la información entregada.
En el año 2001, como resultado de los acuerdos de la Mesa de Diálogo,
se reorganizó el Programa de Continuidad de la Ley 19.123 como
Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría del
Interior. Se tomó la decisión de que el Programa de Derechos Humanos
se hiciera parte en los procesos judiciales y en las investigaciones judiciales
y extrajudiciales y diera seguimiento a las causas judiciales relativas a
los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 11 de marzo de 1990.16 Se proporcionó apoyo logístico
y documental a las investigaciones realizadas por los jueces especiales en
regimientos, cementerios clandestinos y en otros lugares indicados por el
Informe de las FFAA. Se definió que el Programa impulsara y difundiera
acciones de orden cultural y simbólico para promover la verdad histórica
y el respeto de los derechos humanos en toda la sociedad, y se proyectó a
la creación de memoriales en varias regiones del país.
En 2002 concluyó el proceso iniciado respecto a las 516 propiedades
confiscadas que fueron reclamadas, restituyendo, compensando o indemnizando
a los propietarios con el fin de reparar el daño patrimonial causado
por la confiscación, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.568.17
En junio de 2003, se aprobó por ley la ampliación del plazo de recepción
de nuevas solicitudes de exonerados por razones políticas. El
plazo venció en 2004, recibiéndose después únicamente la documentación
de respaldo de la solicitud presentada.18 Se recibieron más de cien
mil solicitudes.
El presidente Ricardo Lagos, en agosto de 2003, hizo un propuesta
sobre derechos humanos denominada No hay mañana sin ayer, elaborada
después de recibir las opiniones de las iglesias, instituciones y organizaciones
sociales y políticas del país. Dijo al país: "Muchos han creído que
para superar los traumas del pasado bastaba con dar vuelta la página, o con
echar tierra sobre la memoria. (...) Es deber de todos los chilenos, y mi
deber como Jefe de Estado, impulsar medidas que contribuyan a entregar
a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y en paz,
cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia
y reparación. Una fractura social, política y moral de la magnitud que los
chilenos vivimos, no se cierra en un acto y en un momento determinado
(...) Necesitamos avanzar más aceleradamente en el cierre de nuestras heridas,
por los caminos que con sensatez y perseverancia hemos seguido: el
de los Tribunales de Justicia y del imperio de la ley, sin excepciones".19
En la propuesta subrayó el sentido de enfrentar la verdad de lo sucedido
como fundamento de la unidad nacional, formulando explícitamente una
visión contraria a la tradición de impunidad de la reconciliación política
en la historia de Chile. También señaló la imposibilidad de cerrar el tema,
indicando que esta propuesta constituía un eslabón de un proceso cuyo
desenlace sería el resultado de la justicia y del respeto a la ley.
De acuerdo a los lineamientos propuestos, el 11 de noviembre de
2003 se creó la Comisión de Prisión Política y Tortura, mediante el
Decreto Supremo Nº 1.040, de Interior, para "determinar (...) quiénes
son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones
políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio,
en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1990". La Comisión entregó su informe en noviembre de
2004. Fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura
28.459 personas, que corresponden a 34.690 detenciones. Del total de
personas, 1.244 eran menores de 18 años y de éstas 176 eran menores de
13 años. El 12,72%, que equivale a 3.621 personas, son mujeres. El 94%
señaló haber sido torturado.
El informe identificó más de mil recintos de reclusión y estableció que
la tortura fue una práctica sistemática durante el régimen militar. Esta
y otras conclusiones impidieron continuar con la justificación de que la
tortura había sido cometida de manera individual al margen de la ética
institucional y la legalidad vigente. El Comandante en jefe del Ejército,
el general Emilio Cheyre, el 5 de noviembre de 2004, días antes de la entrega
del informe de la Comisión al país, había declarado: "El ejército de
Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades
que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente
inaceptables del pasado" iniciando una clara diferenciación con la
doctrina justificatoria de las violaciones de derechos humanos ocurridas
durante al régimen militar.20
El 24 de diciembre de 2004 se publicó la ley Nº 19.992 que estableció
una pensión de reparación y otorgó beneficios en favor de aquellas personas
que fueron calificadas como víctimas de la prisión y de la tortura por
motivos políticos por la Comisión. Todas las víctimas reconocidas por
esta Comisión reciben una pensión anual de $1.353.798 (menores de 70
años); de $1.480.284 (de 70 a 75 años); y de $1.549.422 (75 años y más).
Entre los proyectos de ley que el gobierno envió al Congreso, había
uno que proponía establecer incentivos para la entrega de información
en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Después de varios meses de discusión el proyecto fue archivado al
no lograrse acuerdo en el Congreso para la aprobación de una iniciativa
que fue considerada negativa por distintos sectores.
Como una acción de reparación a las víctimas, el 22 noviembre de
2003 se realizó una visita a la Isla Dawson (que fue un recinto de reclusión
entre 1973 y 1974) en conjunto con las agrupaciones de ex presos
políticos de Punta Arenas, el Ministerio de Defensa y la Armada, programándose
actos de homenaje a los ex Prisioneros Políticos que estuvieron
en Dawson.
En 2004 el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud
para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante
la dictadura (PRAIS), que fuera iniciado en 1990 en Iquique, fue establecido
por la ley Nº 19.980. A inicios de 2004 los inscritos eran más de
183 mil, de los cuales un 20% era mayor de 65 años. A inicios del 2005
se le sumaron los calificados por la Comisión Valech que no se habían
inscrito previamente.
El 25 de agosto de 2004 se promulgó la ley Nº 19.962 de Eliminación
de ciertas anotaciones prontuariales que se aplicaba a los delitos cometidos
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y
exceptuaba a quienes hubieran sido condenados por tribunales militares
en tiempos de paz por delitos establecidos por la ley de control de armas
atentando contra la vida y la integridad física de terceros.
En enero de 2005 se creó la brigada de Derechos Humanos de la
Policía de Investigaciones dedicada a la investigación de violaciones a
los derechos humanos en el ámbito nacional.22 Sus detectives han trabajado
desde entonces con los ministros, jueces con dedicación exclusiva o
preferencial, entre otros, en causas relativas a detenidos desaparecidos y
víctimas de violaciones en los derechos humanos.
En junio de 2005 el gobierno envió un proyecto de ley para crear el
Instituto Nacional de Derechos Humanos con la finalidad de cumplir con
la recomendación realizada por la Comisión de Prisión Política y Tortura y
con la propuesta sobre derechos humanos "No hay mañana sin ayer".
En julio de 2005, el presidente Lagos indultó a uno de los condenados
por el asesinato de Tucapel Jiménez, despertando un fuerte rechazo en
la opinión pública, lo que ciertamente influyó indirectamente en limitar
las iniciativas de impunidad que continuaban proponiéndose en el
Congreso en nombre de la reconciliación política.23
El 17 de septiembre de 2005 se promulgó la ley Nº 20.050 sobre las
reformas constitucionales que disponían el término de los senadores designados
y vitalicios, y de la inamovilidad de los comandantes en jefe
de las FFAA, proyectos enviados en 1995 al inicio del gobierno de Frei
Ruiz Tagle.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos se declaró que el gobierno no
contaba con los votos necesarios para derogar la ley de amnistía.24 No
obstante lo cual, los tribunales, en muchos casos, no la aplicaron tipificando
la desaparición de personas como secuestro permanente. La disputa
sobre la interpretación jurídica de la aplicación de la amnistía a la luz del
derecho internacional ha continuado en los tribunales hasta el presente.
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria (PS)25 se inició
en marzo de 2006 por un período de 4 años. En su programa de gobierno
había señalado que iba a crear un Programa Nacional de Derechos
Humanos y un Archivo Nacional de la Memoria. Continuando con la
línea de los presidentes que la precedieron desechaba la idea de un "punto
final" y consideraba que mediante la vía judicial se debería esclarecer el
paradero de detenidos desaparecidos.
A pocos días de asumir como presidenta de la República se denunciaron
errores del Servicio Médico Legal (SML) en la identificación
de 48 cuerpos de detenidos desaparecidos exhumados en 1991 del
Patio 29 del Cementerio General, que ya habían sido entregados a sus
familiares para darles sepultura. Una fiscal del Ministerio de Justicia
se constituyó en el SML para realizar un sumario administrativo. La
Cámara de Diputados llevó a cabo una investigación en una comisión
presidida por el diputado Tucapel Jiménez. Al mismo tiempo,
la presidenta nombró a María Luisa Sepúlveda como presidenta de
la Comisión Asesora para Políticas de Derechos Humanos con el fin
de coordinar las acciones del ejecutivo para dilucidar las irregularidades,
asumir las responsabilidades y proponer medidas apropiadas
para corregir las deficiencias.26 Como resultado de esas medidas el
30 de agosto de 2007 se inauguró el Centro de Registro de Datos y
Muestras del Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico
Legal. Este diseño institucional fue recomendado por el panel de expertos
convocado a estos efectos en 2006 e implicó una modificación
sustancial de los procedimientos administrativos y de identificación
utilizados hasta entonces.
A principios del período de gobierno de la presidenta Bachelet, en
abril de 2006, cuatro senadores de la Concertación presentaron un proyecto
para declarar la nulidad del decreto ley de amnistía, el que se encuentra
en tramitación. Otras iniciativas en el mismo sentido, presentadas
durante los gobiernos anteriores, en favor de su derogación o su
nulidad no tuvieron éxito, quedando en manos de los jueces la decisión
sobre su aplicabilidad.
En julio de 2007, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior informaba que había apoyado más de 300 juicios que incluían
1.187 víctimas (detenidos desaparecidos y ejecutados políticos) en
los que se encontraban procesados 595 agentes del Estado, 80 de ellos ya
habían sido sentenciados y se encontraban cumpliendo condenas. El programa
incluyó el apoyo a la realización de obras de reparación simbólica
con el fin de recuperar "la dignidad y buen nombre" de las víctimas de
la represión. Además de estos objetivos, se señaló también que se ha trabajado
para preservar algunos lugares históricos que "proporcionan una
prueba tangible sobre los hechos ocurridos".27 De acuerdo a la política
del gobierno, las acciones de memoria promovidas por el gobierno tienen
el propósito de contribuir al fomento de una cultura de respeto a los
derechos humanos en Chile.28
Coincidente con esos propósitos, el ministerio de Bienes Nacionales
desarrolló la iniciativa "Un Catastro para la Memoria: otra mirada al
territorio". Se identificaron los inmuebles del patrimonio fiscal donde se
cometieron violaciones a los Derechos Humanos, según la información
de la Comisión de Prisión Política y Tortura. Se concluyó que 515 recintos
(de los 1.132 identificados como recintos de detención) constituían
en aquel período propiedad fiscal, los que se identificaron en un mapa
detallado en cada una de las regiones y divisiones territoriales actualmente
vigentes, los que se pueden visitar en un sitio de internet en el
marco de un espacio interactivo.29
Durante el año 2007 se inició la creación del Museo de la Memoria
en Santiago, licitándose la construcción del edificio y designando a la
periodista Marcia Scantlebury como directora del proyecto. Excede las
posibilidades de este trabajo identificar los memoriales, sitios de memoria
y otras iniciativas realizadas con el apoyo de los sucesivos gobiernos, de
municipalidades o de otros grupos así como las iniciativas de las víctimas,
de organizaciones sociales y políticas, grupos de derechos humanos
y otros a lo largo y ancho del país.30 Pero es relevante consignar como
parte de los actos de reparación simbólica, que en 2006, cerca de 250
personas, ex presos políticos y familiares e invitados, entre ellos profesionales
de los equipos de PRAIS de la zona sur, visitaron la isla Dawson
el 2 de noviembre viajando en buques de la Armada. La visita fue organizada
por la Agrupación de Derechos Humanos "Salvador Allende"
y la Armada de Chile con la participación de las más altas autoridades
regionales y la ministra de Defensa. Con propósitos análogos, en 2007
se realizó un viaje a la isla Quiriquina, situada frente a Talcahuano en
el barco Grumete Pérez. La iniciativa fue impulsada por la Agrupación
Cultural pro Derechos Humanos de Tomé y la diputada socialista
Clemira Pacheco, quien estuvo detenida en ese lugar. Participaron 130
ex prisioneros políticos, el ministro de Defensa el comandante en jefe de
la Armada Rodolfo Codina, así como otros invitados.
En cuanto al proyecto de ley del Instituto de Derechos Humanos, a
marzo de 2008, continuaba la discusión en el Congreso. El gobierno
había hecho una indicación vinculando a esa iniciativa la reapertura de
las comisiones Rettig (detenidos desaparecidos, ejecutados y víctimas de
violencia política) y Valech (presos políticos y torturados) para recibir y
analizar los antecedentes de personas no calificadas previamente.
Considerac iones generales
Las políticas sobre derechos humanos establecidas en nombre del Estado
de Chile e implementadas por los sucesivos gobiernos de la Concertación
fueron el resultado de las decisiones políticas de la coalición gobernante y
de las demandas sostenidas de las víctimas organizadas, ante el ejecutivo
y el Congreso para exigirlas, modificando y mejorando en el curso de los
años las medidas establecidas inicialmente. Estas políticas se complementan
con las acciones simbólicas y se entremezclan con la búsqueda de justicia
como la dimensión más importante y distintiva de este proceso. Los
resultados observados combinan las proposiciones iniciales del programa,
las percepciones de las oportunidades políticas para avanzar en los asuntos
pendientes de derechos humanos como ocurriera en 2003 y las modificaciones
progresivas de un contexto político inicialmente muy adverso
durante los ocho primeros años de los gobiernos de la Concertación. La
presión militar con el general Pinochet a la cabeza del ejército, la presión
constante de la derecha por un punto final que cerrara el tema de los
derechos humanos y el rol de un Poder Judicial que se consideraba a sí
mismo atado de manos, no permitía predecir que los procesos judiciales
lograran la centralidad que hoy tienen en resolver los problemas del
pasado. Tampoco era predecible que la mayoría de las víctimas de las
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura serían
reconocidas y se les otorgaría alguna forma de reparación.
La silenciosa batalla judicial se había iniciado en 1973. Pero para muchos
era suficiente que se hiciera justicia en algunos casos considerados
"emblemáticos", como el caso del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie
Moffit en 1976 en Washington, por el que fueron condenados los autores
intelectuales: el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) y al brigadier Pedro Espinoza, su jefe de
operaciones. El caso del secuestro y degollamiento de los profesionales
comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino
efectuado en 1985 por un servicio represivo secreto de Carabineros, la
Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), era otro
de esos casos. En 1994 el ministro en visita Milton Juica dictó seis condenas
perpetuas. La Corte Suprema confirmó cinco de ellas, las que recayeron
en oficiales y suboficiales de Carabineros de DICOMCAR.
Durante 1998, el hallazgo de algunos restos en cementerios clandestinos,
las querellas presentadas en contra del general (r) Pinochet se encargaron
de mostrar que el problema de los derechos humanos concentraba
de una manera real y concreta un legado del pasado que no estaba socialmente
asumido ni menos resuelto, existiendo, a la vez, un vacío de
reflexión y de propuesta para pensar ese "futuro" en la discusión política
nacional. Las querellas presentadas contra Augusto Pinochet al dejar la
comandancia en jefe, llevarían a la Corte Suprema a nombrar un ministro
de fuero, el juez Juan Guzmán para investigar tales querellas (se terminarían
presentando 299 entre 1998 a 2002). Pero el 16 de octubre de
1998 la situación se intensificaría de una manera imprevisible. Augusto
Pinochet se encontraba en Londres. Fue detenido, al ser requerido por el
juez Baltasar Garzón para ser extraditado a España por el juicio que se le
había iniciado en Valencia en 1996, acusado de genocidio y terrorismo
por víctimas españolas y de otras nacionalidades desaparecidas y ejecutadas
en Argentina y en Chile.
En ese mismo tiempo, la Corte Suprema rechazó aplicar la amnistía
en algunos casos de desaparecidos en 1974. La Segunda Sala del Tribunal
argumentó que el delito de secuestro era permanente, inamnistiable e
imprescriptible. En otros casos se fue confirmando esa interpretación.
Estos cambios de jurisprudencia parecieron alarmar a algunos. Se escribiría
en El Mercurio: "A diferencia de otras oportunidades históricas -1891,
1938- en que el quebrantamiento de la legalidad y la consiguiente represión
dieron lugar a la comisión de delitos y éstos fueron prontamente
cubiertos por una o más amnistías, las cuales permitieron restablecer la
tranquilidad y la concordia internas, la tendencia actual a desconocer la
prescripción, la amnistía y la cosa juzgada está sometiendo al país a un
clima de tensión indeseable".31
Pinochet estaría 503 días detenido en Londres mientras los tribunales
ingleses discutían los méritos jurídicos de la petición de extradición,
derivando finalmente en la acusación de haberse practicado torturas a
prisioneros políticos después de 1987, año en que Chile, por decisión de
Pinochet, había adherido a la Convención contra la Tortura de ONU, lo
que permitiría aplicar la jurisdicción universal que regía para tal delito.
Su detención alteró la "correlación de fuerzas" de la transición chilena
por una situación de fuerza mayor en favor de la justicia.32
Durante el gobierno de Ricardo Lagos su propuesta No hay mañana sin
ayer enfatizó que las consecuencias de las violaciones de derechos humanos
no eran un tema transitorio que debía "cerrarse" lo antes posible para
no amenazar la estabilidad política y la paz social alcanzadas. Por el contrario,
el cauce era la ley y la justicia en el tiempo que fuera necesario. En
ese momento, el contexto político, militar y judicial había cambiado. La
investigación judicial en la mayoría de los casos había progresado debido
a la dedicación exclusiva de los jueces superando enormes dificultades,
no solamente por los años transcurridos desde que ocurrieran los delitos,
sino por el encubrimiento organizado principalmente desde las FFAA.
Estas debieron aceptar que la impunidad no solamente no estaba garantizada
sino que cuando el país se encontraba "en guerra", los tratados
internacionales, entre ellos los Convenios de Ginebra firmados en 1951,
debían haber sido respetados.
Pero la disputa por conocer la verdad versus el silenciamiento de los
crímenes del pasado, y por hacer justicia, en lugar de garantizar la impunidad
no ha terminado. En una mirada retrospectiva, aunque la amnistía
de 1978 no se ha derogado ni anulado, no ha sido posible imponer la
impunidad como fundamento de la paz social y la reconciliación política
como en el pasado. Los resultados han ido más allá del programa inicial
de la Concertación sobre derechos humanos. Han dependido de las percepciones
y convicciones de los equipos de gobierno en cada momento
en relación con el contexto en el que les tocaba actuar; de las acciones
de la coalición gobernante en el Congreso y de los consensos alcanzados
con la oposición política. La batalla judicial nacional e internacional se
ha sostenido gracias a la organización de las víctimas y sus abogados, exigiendo
justicia ante el Poder Judicial y la opinión pública. Por otra parte,
los cambios en la visión del Ejército y de las FFAA sobre el pasado han
contribuido a una percepción diferente acerca de las responsabilidades
compartidas sobre ese pasado, pero especialmente sobre el futuro.
Hemos investigado desde 1997 sobre este tema. Ver entre otros;
Loveman B. y Lira E. Las suaves cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación
política 1814-1932 Santiago, LOM DIBAM, Santiago. 1999; 2a.
edición 2000; Loveman y Lira Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena
de reconciliación política 1932-1994. Santiago, LOM DIBAM, 2000.
recuperativo 1 parcial ees
junior monroy 18443389
fuentes :http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf
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