El ascenso al poder de Evo Morales en Bolivia ha suscitado varias
preguntas acerca del impacto que ha provocado su gobierno sobre
las relaciones entre sociedad y Estado. Este artículo analiza a largos
trazos tres cuestiones que están asociadas a la naturaleza del movimiento
político encabezado por Morales: 1) el estilo de gobierno basado
en un movimiento indígena campesino; 2) las consecuencias de la movilización
"desde abajo" de la base social del Movimiento al Socialismo
(MAS) sobre la calidad del sistema democrático; y 3) las características
de las conflictivas relaciones entre sociedad civil y Estado.
Un gobierno ba sad o supuestamente
en movimientos sociales
La doctrina oficialista afirma que el MAS como organización política
se caracteriza fundamentalmente por estar basado en movimientos
sociales y que no existe ninguna diferenciación estructural entre
ambos. Sin embargo, pienso que para examinar las relaciones que
el MAS ha establecido con sus bases sociales de apoyo, es necesario
partir de la dualidad fundamental que constituye al MAS. Por un
lado, es sustancialmente un movimiento político articulado en una
"confederación" o coalición heterogénea de organizaciones sociales
populares: federaciones de cocaleros, campesinos altiplánicos y de los
valles, juntas vecinales, organizaciones gremiales urbanas. Anclado
en su origen de organización sindical cocalera que se transforma en
movimiento político, el MAS, no obstante, se ha opuesto hasta ahora
a construir un partido político. Por el contrario, su orientación principal
no sólo está sustentada en una retórica permanente antipartido,
sino en un principio ideológico -esgrimido por sus ideólogos insis-
tentemente- de que el MAS es la autorrepresentación política de los
movimientos sociales.
De acuerdo a su principal ideólogo, el vicepresidente Álvaro García
Linera, el MAS o "el evismo como corriente político-ideológica, es una
forma de autorrepresentación político-estatal de la sociedad plebeya que
hace posible el acceso de los propios movimientos sociales a niveles de
decisión del Estado".1 García Linera exalta esta ficción como si fuera un
nuevo modelo y un ejemplo de proyección universal de las relaciones
entre Estado y sociedad e igualmente una contribución original con formas
propias de la democracia participativa.
Por otro lado, la dualidad del MAS reside en que su acceso al poder y el
ejercicio de la gestión estatal son factores que han desencadenado un proceso
no intencional de organización embrionaria del MAS como partido
gubernamental. A mi criterio, han surgido elementos de una organización
protopartidaria responsable de la gestión de gobierno. Pero ¿este proceso
entraña necesariamente la transformación del movimiento político en un
partido político? ¿Está el MAS en el trance de desarrollar una organización
política relativamente autónoma y diferenciada respecto a su base social
como fue el proceso que llevó adelante el PT en Brasil?
Yo sostengo la tesis de que –al revés de la idílica tesis de fusión entre
movimientos sociales, partido y Estado- la mutación del MAS en una
especie de protopartido gubernamental ha provocado más bien una dinámica
no intencional de creciente diferenciación entre el MAS como
organización política, sus bases sociales, y el movimiento social que se
gestó en torno a la Asamblea Constituyente y a la nacionalización de los
recursos naturales. Esta dinámica no es intencional porque no se percibe
ni una estrategia ni tampoco una voluntad política explícita de construcción
de un partido político. Al contrario, el MAS sigue actuando desde
el gobierno con la lógica de un movimiento social antiestatal apelando a
la presión y a la movilización.
Los dos gabinetes que formó hasta ahora el gobierno de Evo Morales,
-gabinetes en los cuales no se detecta, salvo ciertas excepciones, la participación
decisiva de dirigentes de las organizaciones sociales en puestos
jerárquicos clave de gobierno- revelan este proceso de diferenciación.
Los principales ministerios están dirigidos ya sea por algunos restos flotantes
de la izquierda marxista que naufragó en la década del ochenta, por
miembros de ONGs ligados a sectores populares, o simplemente por individuos
que pertenecieron a otras tiendas políticas. De ninguno de ellos
se puede afirmar que fueran representantes o dirigentes del movimiento
indígena.2 Pienso también que esta diferenciación implica un proceso
visible de sustitución y desplazamiento de las organizaciones sociales por
un núcleo protopartidario cuya tendencia predominante apunta a subordinar
a las organizaciones sociales, a concentrar la toma de decisiones y a
ejercer control y dominio sobre ellas.
Esto no nos debería extrañar. Ha sido un dinámica de suplantación
asociada históricamente a los partidos comunistas que fue destacada por
Trotsky: el partido desplaza a la clase obrera, el comité central desplaza al
partido y finalmente el secretario general se impone a todos. La retórica
de Evo de que él gobierna obedeciendo y consultando a sus bases sociales
encubre y transfigura simplemente esta tendencia a la suplantación.
Desde sus orígenes como conglomerado de sindicatos cocaleros forjado
en la acción directa, el MAS ha sido esencialmente un movimiento autoritario
y antidemocrático, ajeno al debate, a la confrontación de ideas, o a
la aceptación del disenso. Como partido de gobierno, el MAS se ha convertido
en una organización dirigida por un pequeño grupo, en el fondo
por una camarilla que ejerce el poder en nombre de las organizaciones
sociales indígenas y cuyos miembros, como García Linera o Juan Ramón
Quintana, no fueron dirigentes sindicales ni fueron militantes del MAS
sino individuos que ingresaron al partido recién en la etapa electoral.
Se ha impuesto entonces una enorme concentración del poder, resultado
de una tendencia a la inversión de los lazos originales entre el MAS
y las organizaciones de base y de la emergencia de vínculos jerárquicos
entre ellos que ha sido hasta ahora tolerada por la función simbólica que
ejerce Evo Morales en el movimiento indígena y por las prácticas asambleístas
del MAS.3
En resumen, el gobierno del MAS es un gobierno basado en ciertas
organizaciones sociales, particularmente campesinas indígenas, pero sería
una exageración deducir de este vínculo que estamos ante un gobierno
ejercido colectivamente por los llamados movimientos étnico-sociales o
que se ha instaurado un modelo sui generis de democracia participativa en
virtud del cual los sindicatos campesinos participan directamente en los
mecanismos de decisión del Estado. No hay tal modelo utópico ni puede
haberlo en el contexto de una democracia que sigue siendo representativa,
a no ser que aceptemos que el asambleísmo, que practica el gobierno
en sus relaciones con los sindicatos en el que supuestamente se deciden
las políticas de gobierno, es un modelo real de democracia participativa.
El MAS en el gobierno no se nutre de los movimientos sociales como
afirman sus ideólogos. Contra el uso laxo y abusivo del concepto de
movimiento social practicado por estos, pienso que es necesario distinguir
entre movimiento social y organización social o red de organizaciones
sociales.4 Acelerado por el derrocamiento de Gonzalo Sánchez
de Lozada, el populismo mediático de Carlos Mesa y el colapso de los
partidos relevantes, es cierto que el ascenso al poder del MAS fue impulsado
por un movimiento social inspirado en los derechos indígenas,
la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los recursos naturales.
Este movimiento social estuvo compuesto por una red de sindicatos
cocaleros, las confederaciones de campesinos, asociaciones gremiales y
particularmente las federaciones de juntas vecinales de El Alto, la ciudad
satélite de La Paz, que es el bastión de la economía informal.
Sin embargo, el movimiento social que enarboló la llamada Agenda
de Octubre ha comenzado a declinar y, a mi juicio, está inmerso en un
proceso de desintegración. Dos factores explican este proceso: por un
lado, la conquista del poder del MAS como articulación política de este
movimiento social y, por otro lado, el hecho aparente de que el MAS
–en la opinión de sus propios dirigentes- ha cumplido o está cumpliendo
con los objetivos principales del movimiento social –nacionalizacion
y Asamblea Constituyente-. El movimiento social tiende a esfumarse.
Lo que quedan son, por supuesto, las organizaciones sociales –el núcleo
duro de apoyo social al gobierno- a cuyas demandas corporativas el MAS
está sometido y con las cuales mantiene relaciones tensas como las que
actualmente sostiene con la FEJUVE de El Alto. De todo esto saco la
conclusión, que puede sorprender a muchos, de que el gobierno del MAS
no es un gobierno de los movimientos sociales.
En todo caso, si se trata de analizar el panorama de los movimientos
sociales en Bolivia, el movimientto social principal en expansión y proceso
de fortalecimiento es, sin duda, el movimiento regional antigubernamental
por las autonomías departamentales y la defensa de la democracia,
cuyo eje son los comites cívicos y los prefectos de seis departamentos
de los nueve que tiene Bolivia; movimiento que se ha convertido en la
principal fuerza de oposición al gobierno de Morales y en actor de veto
contra sus planes estatistas y autoritarios.
El impacto de la movilización "desde arriba "
sobre la ca lidad del sistema democrático
El impacto ha sido negativo por sus proyecciones e implicaciones antiinstitucionales.
La movilización promovida por el gobierno del MAS ha
constituido, por cierto, una movilización "desde arriba" que responde a
la misma estategia dual que el MAS puso en práctica hasta las elecciones
generales de 2005: un juego dual en la arena político-electoral y en la
arena de la movilización de las organizaciones sociales; es decir, una estrategia
de acción en escenarios institucionales y otra estrategia de acción
directa y presión de carácter anti-institucional mediante movilizaciones,
bloqueos, huelgas, etc. Las premisas ideológicas, que dan sustento a esta
estrategia, son principalmente que la voluntad del pueblo está por encima
de las reglas de juego, del orden legal y constitucional; y que el gobierno
del MAS representa a la mayoría del país y, por lo tanto, no está limitado
por las llamadas leyes neoliberales.
Siguiendo esta lógica anti-institucional, el MAS en el gobierno ha
utilizado con notable persistencia a los sindicatos campesinos y gremios
como grupos de presión y choque en un esquema plenamente
autoritario de ejercicio del poder. Hay muchos ejemplos que ilustran
esta perversa manipulación desde arriba: en enero de 2006, el gobierno
trató de derrocar al prefecto de Cochabamba mediante la movilización
violenta de los sindicatos cocaleros del Chapare que fueron dirigidos
directamente por un senador del MAS y con la intervención directa
de los ministros de la presidencia y del interior. Los recientes acontecimientos
de violencia y muerte que rodearon la aberrante e ilegal
aprobación del proyecto constitucional del MAS por la mayoría masista
en la Asamblea Constituyente, congregada en un recinto militar de
Chuquisaca, fue también antecedida por la movilización de sectores
campesinos. Igualmente la arbitraria sanción de una ley que reduce
drásticamente los ingresos de la prefecturas, provenientes del impuesto
directo a los hidrocarburos, fue impuesta por una denominada "vigilia"
de sectores afines al MAS que impusieron esta aprobación impidiendo
el ingreso de la oposición al Congreso.
Todas estas movilizaciones han asumido procedimientos antidemocráticos;
han ejercido coacción sobre la oposición, han amenazado y
atacado las instituciones, han conculcado los derechos ciudadanos, por
ejemplo, agrediendo a los medios de comunicación, y de esta manera,
han erosionado la calidad de la democracia.
La relación entre Estado y sociedad civil bajo el
gobierno de Morales: ¿en qué medida el gobierno
de Morales plantea un nuevo tipo de relación?
Las relaciones entre Estado y sociedad civil bajo el gobierno de Morales
han estado determinadas principalmente por una profunda crisis de
Estado que se acerca aparentemente a un momento de resolución. Los
factores causales de esta crisis son múltiples pero entre ellos destacan dos:
la aguda polarización política y el empate catastrófico. La polarización se
ha exacerbado por las contradictorias visiones políticas, regionales y sociales
del gobierno y la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija),
a la cual se han agregado las capitales de Chuquisaca y Cochabamba.
Por otra parte, el gobierno del MAS ha quedado atrapado por el empate
catastrófico, que define la política boliviana, por lo menos, desde el gobierno
de Sánchez de Lozada. Se trata de una correlación de bloqueo
y confrontación suma cero entre fuerzas políticas y sociales que tienen
el poder de veto para frustar los proyectos del adversario pero no para
imponerse ya sea por la vía democrático-institucional o por la vía autoritaria,
razón por la cual están enredadas en una guerra de desgaste sin
resolución previsible.6
Las decisiones y acciones del MAS han agudizado las tensiones y la
confrontación directa entre el gobierno central y segmentos importantes
de una sociedad civil que –ante el colapso del sistema de partidos y del
desplazamiento del eje de desarrollo económico de occidente a orientehan
fortalecido su capacidad de reacción y oposición impulsando con
mucha fuerza un proceso de regionalización de la política que va a contrapelo
de las tendencias centralizadoras del gobierno. Como resultado,
el ámbito de autoridad del gobierno central se ha visto reducido en términos
regionales a los departamentos andinos, mientras que en términos
sociales el gobierno se ha recluido a ese núcleo duro de apoyo social
conformado por los cocaleros, los campesinos del occidente y las juntas
vecinales que, al considerarse ideológicamente integrados al esquema
gubernamental, han alimentado la ficción de un nuevo equilibrio entre
el Estado y sectores pobres excluidos económica y socialmente.7
Sin embargo, por su visión radicalmente indigenista y estatista, el
MAS ha agravado en poco tiempo las fracturas regionales, políticas y
culturales entre vastos sectores y organizaciones de la sociedad civil de
seis departamentos del oriente y centro del país, y el núcleo social duro
de organizaciones campesinas y gremiales del occidente. El gobierno del
MAS no sacó ventaja de la legitimidad democrática otorgada por su victoria
por mayoría absoluta (53.7%) en las elecciones de diciembre de
2005. Dada esta mayoría absoluta, era pensable, por lo menos especulativamente,
que el gobierno del MAS podría haber encarado una política
democrática de negociación y construcción de consensos para crear una
nuevo equilibrio estatal entre organizaciones indígenas, movimientos regionales,
elites económicas y prefectos de los departamentos de la Media
Luna, que se oponen a la política gubernamental.
Pero confundiendo mayoría electoral con la conquista de la hegemonía
política e inclinado totalmente hacia una estrategia populista autoritaria,
el gobierno de Morales se decidió abiertamente por la política de
confrontación e imposición antidemocrática de su mayoría electoral, y
se propuso eliminar o arrinconar a la oposición política en el Congreso,
imponer sus objetivos en la Asamblea Constituyente, controlar los otros
poderes del Estado y debilitar a los gobiernos departamentales opositores.
La política del MAS en la Asamblea Constituyente, los procedimientos
ilegales para aprobar sus leyes, el contexto de permanente confrontación
y violencia imperante han conducido a un callejón sin salida en los terminos
planteados por el gobierno. Son pruebas más que suficientes de
que el gobierno del MAS se ha convertido en el factor fundamental de la
crisis política y no en una alternativa de solución.
La causa coyuntural inmediata de esta crisis es que el MAS arribó al
gobierno con una estrategia de poder unilateral y sin un proyecto nacional
capaz de conciliar democráticamente las diferentes visiones políticas
existentes acerca de cómo enfrentar la crisis política y el desarrollo económico
y social. Las consecuencias han sido acelerar la descomposición
del Estado y fracturar regionalmente aún más a la sociedad. Por una lado,
la estrategia indigenista del MAS se ha concentrado en dividir a la sociedad
exaltando las diferencias sociales, étnicas y culturales en un país que,
por su diversidad, es hostil a ser encajado en un proyecto indigenista monocultural
y antidemocrático. Por el otro, el intento de recomponer el
Estado y la economía sobre los principios de que el movimiento indígena
es el nuevo sujeto hegemónico e histórico, y de que la reforma del Estado
debe hacerse de manera preponderante sobre la base de la democracia
comunitaria subordinando al mundo urbano y a la economía empresarial,
refleja una lectura completamente distorsionada del país y de la
época en que vivimos; y equivale a un proyecto antihistórico condenado
a un estrepitoso fracaso.8
Hace 25 años la transición a la democracia había desembocado en una
crisis nacional que sólo fue superada por la política económica de liberalización
y de reformas institucionales establecidas a partir de 1985 por
diferentes coaliciones de partidos que lograron un período de relativa
gobernabilidad y avances institucionales. Pero las limitaciones y déficits
del modelo económico y del modelo político de democracia pactada
ocasionaron el derrumbe del sistema de partidos y la descomposición del
Estado generando las condiciones para el surgimiento de una política
populista de corte indigenista.
En tono triunfalista tras la victoria electoral, García Linera había prometido
que el gobierno del MAS recuperaría las condiciones de gobernabilidad
fortaleciendo al Estado.9 Sin embargo, el creciente divorcio entre
el gobierno central y vastos sectores de la sociedad civil -que luchan por
la autonomía departamental, la vigencia de la empresa privada y, en general,
de la actual Constitución política del Estado- ponen en evidencia
que el gobierno de Morales se ha convertido en un factor central de la
crisis política. El gobierno no ha tenido ni la voluntad ni la capacidad
política para encarar democráticamente una reforma política que hiciera
posible una nueva red de mediaciones entre Estado y sociedad respondiendo
tanto a las demandas de los sectores indígenas y campesinos como
a los intereses económicos y políticos de los movimientos regionales. Por
el contrario, carente de un proyecto nacional y arrinconado en la región
altiplánica, el gobierno de Morales encabeza las tendencias que despedazan
al país y se ha tranformado en el principal actor de la disolución del
Estado.
recuperativo 1 parcial ees
junior monroy 18443389
fuentes :http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf
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