La esencia social de la revolución bolivariana en Venezuela:

una mirada preliminar sobre sus
fortalezas y debilidades

Introducción
América Latina llegó al siglo XXI persistiendo en la búsqueda de un
nuevo modelo de desarrollo, que le permitiera solventar su enorme
deuda social. Con otros actores políticos en la mayoría de sus gobiernos,
el llamado "giro a la izquierda" de la región, tiene lugar, entre otros factores
globales y económicos, debido a que las crecientes expectativas de
inclusión social de las mayorías empujaron hacia un cambio político que
guarda hoy disímiles características según los países. Uno de los gobiernos
más representativos de dicho cambio político regional y que pronto
cumple una década, es el de Venezuela, debido a su promesa inicial de
llevar a cabo la "revolución bolivariana", destinada a reemplazar las bases
político-institucionales y económicas de Venezuela y centrada política
y simbólicamente en la transformación del perfil social del país. Dicha
propuesta de cambios, ratificada mediante la reelección de Chávez en el
2006, fue ampliada, en el marco de un nuevo impulso político, destinado
a la construcción del "socialismo del siglo XXI", en el que el tema social
y el de la igualdad mantienen una relevancia excepcional. Por muchas
razones, el desarrollo sociopolítico venezolano reviste una gran complejidad,
que está en proceso de ser analizado tanto en su profundidad
como en sus múltiples contradicciones, tarea por demás difícil debido a
la polarización e ideologización extremas que genera tanto dentro como
fuera de Venezuela. En el presente ensayo se examina, de manera preliminar,
las políticas mediante las cuales el gobierno del presidente Hugo
Chávez aborda la resolución del problema de la pobreza y la desigualdad
en el país y algunos de sus principales resultados. Entre las características
fundamentales del proceso de inclusión social y reducción de la pobreza,
se encuentran el uso masivo de los excedentes de la renta petrolera, la
promoción de la participación social y el empoderamiento político y la
edición de nuevos mecanismos institucionales, también conocidos como
"misiones". Los resultados son mixtos y desiguales, lo cual plantea la
necesidad de reformulación de políticas en algunos casos y el replanteamiento
integral en otros, debido a la incertidumbre sobre su sostenibilidad
en el mediano y largo plazo.

Antecedentes. Principales rasgos
de la revolución bolivariana
Como se conoce, en términos político-liberales, la democracia tiene varios
logros que exhibir en la región, aun cuando por momentos, se trate
de una democracia bajo presión. Aunque son irrefutables e irreversibles
los éxitos de la democracia política, la región todavía está lejos de lograr
la democracia económica y social, ya que persiste la falta de garantías
para la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Se ha sugerido
que en los países latinoamericanos, lo que existe en realidad son democracias
con escasa capacidad estatal y de baja intensidad de ciudadanía,
lo que está en el núcleo mismo de los impedimentos para alcanzar la democratización
social. Por ello, la democracia en América Latina está en
un proceso de reconceptualización, en el que se debe buscar, necesariamente,
una definición maximalista, que tenga en cuenta la creciente utilización
de los mecanismos de democracia directa, las nuevas expresiones
de la política a través de canales no convencionales y la ampliación de la
esfera pública por parte de grupos históricamente excluidos del ejercicio
de la política. Hay más democracia, pero las sociedades exigen una mejor
democracia y, sobre todo, una mayor democracia social.
Las tensiones sobre la democracia no sólo provienen de la pérdida de
espacio de las instituciones liberales, patente especialmente en la región
andina y en el caso de Venezuela. Dichas tensiones también provienen
de las dificultades del sistema político para el logro de la inclusión social
y la extensión efectiva de la ciudadanía. Los déficits democráticos
se observan especialmente en el área andina, ámbito en el que es mucho
más obvia la tensión entre democracia y liberalismo. Existe en los Andes
una polarización abierta sobre el modelo de democracia y una fuerte
tirantez entre refundación y reformas. Los actos refundacionales de la
democracia son consecuencia de la emergencia de las nuevas identidades
políticas. Por ello, la calidad de la democracia debe evaluarse a la luz de
las especificidades regionales. La denominada "radicalidad" andina, está
atravesada por procesos de velocidades variadas, entre los que destacan,
profundos cambios político-institucionales, procesos innovadores de diseño
de un Estado más democrático, nueva gestión de los recursos naturales,
reconstrucción de las mediaciones políticas y replanteamiento de la
vinculación con la globalización. Ni en el ámbito sudamericano, ni en el
regional, existe consenso sobre cómo tratar la complejidad política de la
crisis andina, de la cual, Venezuela es uno de los casos centrales.

Causas del cambio político en Venezuela
Hasta finales de la década de los ochenta, Venezuela era considerada en
el hemisferio americano, un país de grandes certezas, sólidas instituciones
y pocos sobresaltos. La clave de la estabilidad y "excepcionalidad"
venezolana estuvo en una alta renta petrolera y un sistema bipartidista
con participación regulada, que durante dos décadas (1958-1978) administró
con relativa eficiencia las mediaciones políticas e incluso los excedentes
económicos en un marco formalmente democrático, además de
que logró apartar a los militares de la vida política, otorgándoles amplia
independencia del poder civil, prebendas y concesiones económicas. Esta
suerte de "felicidad" nacional, contrastó con los procesos políticos vecinos,
marcando una trayectoria sociopolítica, diferente en lo sustancial a
las que en su mayoría recorrieron los países de la región. Democracia con
participación regulada, estabilidad política consensuada en un pacto de
elites y amplios recursos económicos, fueron los elementos centrales de
dicha "excepcionalidad" venezolana.
En la década del ochenta, la "latinoamericanización" de Venezuela
acabó con su "ilusión de armonía". La crisis de la deuda externa, en 1983,
generó una recesión económica sin precedentes en el país, a la que se le
sumó el colapso de los precios petroleros en 1986. La caída del PBI y la
crisis social resultante, arrastró consigo parte de las instituciones políticas
y estatales del país. Ya a partir de 1989, el futuro de Venezuela dejó de
ser previsible y ordenado. Los años noventa marcaron época en cuanto
a la profundidad y el vértigo de los cambios ocurridos en todos los órdenes
de la vida social. El desarrollo de la crisis fue inesperado y sorpresivo:
revueltas populares masivas con represión indiscriminada (1989),
dos intentos de golpes de Estado (1992), destitución del cargo, por presión
popular, de un presidente en el curso de su período constitucional
(1993), triunfo de un candidato del establishment con los votos del antiestablishment
(1993), fueron algunos de los episodios que desnudaron
en toda su crudeza, la ruptura estructural de la legitimidad del modelo
democrático desarrollado desde 1958. El triunfo de Hugo Chávez en las
elecciones de 1998 con una propuesta radical de refundación institucional
y anticorrupción, significó el fin de una era política y el comienzo de
otra, la cual está en pleno desarrollo. Algunas de las causas del colapso
político venezolano fueron la baja calidad de la democracia (escasos niveles
de participación), la crisis de un pacto partidocrático excluyente, el
desplome de los partidos tradicionales (incapaces de responder a una sociedad
en donde venía aumentando la pobreza y la desigualdad y se hacía
mucho más compleja y diversa en sus demandas políticas y sociales) y,
también, la desviación corrupta de los recursos económicos del Estado.2
En varios sentidos, la Venezuela de hoy es radicalmente distinta a la de
hace una década. El triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998
constituyó un cambio paradigmático en la política venezolana y, como se
señaló anteriormente, fue una respuesta popular a una crisis profunda del
Estado (ineficiencia, clientelismo, altos niveles de corrupción); la deslegitimación
de unas élites que dejaron de entender las nuevas realidades
del país, expresadas, entre otras cosas, en un conjunto variado y complejo
de demandas; el colapso del sistema de partidos y de cualquier forma de
mediación política.
Se abrió paso, así pues, a un proyecto de poder, el cual combina de manera
sincrética, según la etapa, los actores y las circunstancias, elementos
militaristas, nacionalistas, cristianos, populistas y diversas tradiciones de
izquierda, marcados por un fuerte personalismo político. Este proyecto
se fundamenta, en lo esencial, en una recuperación del papel estratégico
del Estado en la economía, con visos desarrollistas y soberanistas, en el
cual la reivindicación de los excluidos mediante la transferencia de poder
político, constituye la transversalidad simbólica. El mismo cuenta, desde
sus inicios, con una importante mayoría social, política y cultural, proveniente
fundamentalmente de los sectores tradicionalmente relegados
de la sociedad, los cuales mantienen una cercana y constante vinculación
emotiva con el presidente de la República, en torno a cuyo liderazgo se
ha centrado el proceso político venezolano.
El nuevo proyecto supuso un profundo recambio de las élites políticas
y administrativas venezolanas y reconfiguró, así mismo, la agenda política,
dándole un marcado contenido social, siguiendo las pulsiones sociales
de "democratizar la democracia". En atención a dicho objetivo, en el
diseño político-institucional consagrado en la Constitución de 1999 se
promueve, además de la representativa y liberal, la democracia directa
o participativa, concibiendo a la democracia en forma amplia, no sólo
como el marco de ordenamiento de la representación mediante elecciones
libres y competitivas y división de poderes, sino como un modelo de
promoción de la igualdad social. La búsqueda de la democracia social, en
una sociedad fragmentada y crecientemente asimétrica, se convirtió en la
propuesta política que todavía sigue siendo central en el país.
Esta iniciativa de reorganización del contrato social y la búsqueda
del cambio en las relaciones de poder, ha sido adelantada también en el
ámbito económico, mediante la re-nacionalización de empresas consideradas
de carácter estratégico (en los sectores de petróleo, electricidad,
telecomunicaciones, cementos, aluminio y financiero), así como
en un conjunto de propuestas, tales como nuevas reformas fiscales, el
cambio de primacía de distintas formas de propiedad colectiva, distintas
formas de empresa, empresas de beneficio social, además de esquemas
de cogestión.3
Para comprender el alto apoyo que mantiene el gobierno entre los sectores
populares, lo cual le ha permitido ganar las elecciones sucesivas con
relativa y amplia mayoría, es importante analizar las reformas adelantadas.
Entre los avances más importantes logrados por la revolución bolivariana
en Venezuela se encuentran: la inclusión política, la recuperación
de la dignidad y visibilidad de los excluidos, la política petrolera para
viabilizar la democracia económica y social, la recuperación del Estado
como eje central de la vida nacional y la política exterior.
La visibilidad de los excluidos explica el énfasis de diversas políticas
sociales (gracias a una redistribución de la riqueza petrolera, conforme a
un patrón muy distinto al del pasado) y, así mismo, los procesos, algunos
importantes y exitosos, de empoderamiento de los sectores populares, en
medio de la promoción de la democracia participativa y radical. Todo ello
en medio de una gran movilización política, especie de democracia continua,
alimento de un personalismo político y caudillismo que, de paso,
pone en riesgo la pertinencia y la eficacia de las organizaciones políticas

 

 

 

de mediación. Ha habido, por otro lado, transformaciones muy importantes
en el plano de la simbología política, las cuales explican, en cierta
medida, el hecho de que el respaldo al presidente se mantenga muy alto,
no obstante los errores y las insuficiencias de la gestión gubernamental.
A comienzos del período del presidente Chávez tuvo lugar una reorientación
de la política petrolera nacional, a los fines de maximizar su
provento rentístico. Aprovechando un contexto internacional favorable y
gracias a un activismo especial con los países de la OPEP, Venezuela recuperó
su ingreso y ello le permitió al gobierno desarrollar, como se señaló
antes, una política de distribución de la renta petrolera con un profundo
acento social, que a la postre ha permitido mejorar algunos indicadores
sociales. Sólo en el área de educación el gasto gubernamental ha dado un
salto del 3 al 9% del PBI durante los últimos 8 años y en 2007, el 47%
del presupuesto está orientado al gasto social. Por otra parte, el aumento
del consumo del sector E (el más pobre de la población), ha sido de 159%
en los últimos 3 años. Los venezolanos consumieron en 2007 un 54%
más de toneladas de alimentos que en 2003 y un 32% más que en 19984
y la confianza del consumidor (también denominada "espíritu territorial
bruto"), alcanzó, a finales del 2007, el nivel más alto desde 1982.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que estas y otras
medidas de parecida naturaleza han logrado disminuir la pobreza, mas
no la desigualdad en la distribución de los ingresos, que no ha variado
sustancialmente entre 2003 y 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al papel del Estado, el gobierno de Hugo Chávez se ha
propuesto aumentar su capacidad de intervención y su protagonismo en
la definición de un nuevo modelo de desarrollo, alternativo al neoliberal.
Este proceso, que ha requerido importantes cambios institucionales para
el fortalecimiento de la intervención estatal en la economía, coincide
con una coyuntura de altos precios del petróleo, que propicia a su vez un
mayor nacionalismo económico. En términos de avance de una mayor
democracia económica, la actuación del Estado en los últimos 10 años,
se dirigió a ampliar masivamente el acceso al crédito de pequeñas y medianas
empresas y de cooperativas, buscando incorporar nuevos actores
económicos. Igualmente gran parte del esfuerzo productivo ha estado en
la búsqueda de un desarrollo endógeno y de la promoción de cooperativas
de producción de bienes y servicios.
En Venezuela se está viviendo un proceso político con cambios permanentes
y ambiguos en su direccionalidad, que de manera paralela alimentan
tendencias contradictorias. Varias de ellas, como se ha advertido,
se dirigen a la consolidación de una mayor democracia política y social.
Pero en el mismo sentido tienen lugar políticas que afectan los logros alcanzados:
el extremo personalismo político, la peligrosa debilidad estatal,
que aumenta la ineficiencia gubernamental y la corrupción, la preeminencia
de una revolución simbólica o la sobreideologización del proceso
y la vida cotidiana, el permanente ejercicio de la política por otros medios
(desde los medios y a través de los medios), el personalismo político
con pulsiones cada vez más autoritarias, la profundización del petroestado
y la carencia de un modelo de desarrollo alternativo sustentable.
Desde el comentario general anteriormente expuesto, vale la pena
mencionar más brevemente ciertos aspectos críticos de la agenda política
venezolana:
a) No ha habido una recomposición del sistema político, por varias
razones, entre las que cuentan que existe una incapacidad
de reconfigurar, de nuevo, grandes narrativas nacionales en una
sociedad tan fragmentada y con visiones estratégicas tan diferentes;
el cierre de los espacios políticos tanto para la oposición
como para la disidencia dentro del propio gobierno, que se expresa,
como se señalara anteriormente entre otros, en la falta de
consulta de los cambios fundamentales que se proponen para el
país. Persiste, por su parte, la falta de acuerdos sobre temas fundamentales:
los modos de hacer política, el déficit democrático,
la incapacidad de gestión del disenso tanto del lado del gobierno
como de la oposición (los principales partidos se han vuelto a
dividir tras las elecciones). En este escenario se facilita aun más
el personalismo presidencial y su propensión autoritaria. Chávez
guarda constantemente la iniciativa política, marcando tanto las
acciones del gobierno como de la oposición.
b) Existe una crisis de mediación en general, lo cual vale tanto
para el gobierno como para la oposición. A estas vulnerabilidades
políticas, se le suma la convivencia casi independiente o con
lazos muy frágiles de comunicación de tres países a la vez: el de
los excluidos, el de los incluidos y el de los burócratas ideologizados,
responsables de la revolución simbólica y del aparato del
Estado.
c) Es fácil observar ciertos rasgos autoritarios en el actual gobierno
y la amenaza de que los mismos puedan acentuarse generando,
entre otros efectos, una competencia política desigual.
d) El Estado venezolano, desmantelado durante largos años como
consecuencia de las reformas de mercado de la década pasada,
no ha mejorado y ni siquiera parece que hubiese una estrategia
para hacerlo por parte del actual gobierno. Después de una
década, es este uno de los problemas más graves del país, ya
que dicho Estado sigue en un coma, cada vez más discapacitado
para sus funciones fundamentales, preso de una improvisación
permanente, crecientemente ineficiente, clientelar, corrupto,
expresado actualmente en 27 ministerios (15 de ellos creados
en los últimos cuatro años), aumentando en la medida en que es
más incompetente.
e) Persistencia de la falla teutónica económica, ya que no hay modelo
de desarrollo alternativo, ni capitalismo mejorado, ni socialismo.
La economía venezolana sigue siendo una economía
petrolera cuyos ingresos son manejados por el Estado, tal es el
rasgo que le define de manera determinante, aunque con ciertas
variaciones de intensidad, desde hace tres cuartos de siglo. Ello
impide atender de manera estructural la resolución del problema
del desempleo, de la desigualdad en la apropiación de rentas,
del mantenimiento de una economía saludable y sustentable, y
de resolver la enorme vulnerabilidad del país frente a las contingencias
internas, ya que es crecientemente dependiente de
la comercialización de la energía y sus agregados. El "petroestado"
se ha profundizado. Los últimos cien años de la historia
venezolana han estado ligados de manera determinante a la producción
y exportación de petróleo. La vida nacional ha transcurrido
según los cánones de lo que se ha llamado el capitalismo
rentista. La situación actual sigue siendo la misma, agravada en
muchos sentidos (dependencia agroalimentaria notable y en general
aumento, como nunca, de las importaciones), no obstante
la insistente propuesta del desarrollo endógeno. A ello se añaden
la inflación persistente y el fortalecimiento del capitalismo de
Estado.
f ) El presente gobierno, no obstante sus intenciones políticas de
lograr la transformación productiva de Venezuela todavía no ha
alcanzado, en los hechos, establecer un nuevo paradigma económico.
El país sigue transcurriendo dentro del modelo capitalista,
del tipo rentista (con acento social, debería decirse), mientras
ensaya algunas fórmulas que no han logrado mostrar muchos
éxitos, cobijadas bajo la idea del desarrollo endógeno (cooperativas,
empresas de desarrollo social) y asoma, como se dijo antes,
un socialismo bajo ideas muy ambiguas que, entre otras cosas,
no alcanzan a señalar cómo podría ser la transición desde el capitalismo
rentista hacia un socialismo que, en todo caso, también
dependerá de la renta petrolera, por lo que algunos lo llaman
socialismo rentista. En todo caso, cada día más, Venezuela profundiza
su condición periférica en la economía internacional, su
falta de industrialización y su elevada dependencia de los ingresos
petroleros. Esto es especialmente patente, en sus relaciones
con los Estados Unidos.5
g) Como se verá en detalle más adelante, la reivindicación de lo
social es un asunto de primer orden dentro de la agenda nacional
(tema soslayado antes de este gobierno). En este período,
se efectúa una distribución de la riqueza petrolera de manera
mucho más equitativa que en el período precedente, especial
mente a través de las misiones. Es claro que este proceso de redistribución
focalizado hacia los más pobres, va acompañado de
un proceso de inclusión simbólica de la población secularmente
marginada, aunque ya se observan señales de que la percepción
comienza a declinar en algunos sectores. Estos aspectos importantes
de empoderamiento, se acompañan con distorsiones
populistas y autoritarias, mientras se observan, expresados fundamentalmente
en las cifras de violencia criminal6, algunos síntomas
peligrosos de anomia social.
h) Por último, se encuentra el peligro de la preeminencia de la
revolución simbólica sobre la real o la sobreideologización del
proceso y de la vida cotidiana. Uno de los ámbitos en los cuales
el gobierno bolivariano ha realizado una avanzada en la búsqueda
de un monopolio, es en el simbólico, consecuentes con la
afirmación de que la ideología es el contexto de confrontación
por excelencia en los procesos de cambio político. Así, en la
revolución bolivariana ha cambiado el nombre de la República,
el escudo y la bandera nacional, se han revigorizado personajes
históricos independentistas y se construye una nueva narrativa
sobre el papel de Venezuela en la región.
i) Esta búsqueda del monopolio simbólico se lleva a cabo también
y peligrosamente, en las instituciones del Estado, el PSUV, la
Fuerza Armada Nacional y en los medios de comunicación al-
ternativos, confundiéndose cada vez más Estado, partido y gobierno,
siempre con preeminencia del gobierno. La voluntad hegemónica
del chavismo se refleja en la multiplicidad de mensajes
públicos y en presencia publicitaria, mientras lo ideológico se
convierte en un objetivo central de cambio político, pero también
de riesgo de uniformidad y control.
j) El reforzamiento ideológico de los elementos simbólicos vinculados
al mundo político-militar de la izquierda, adquiere también
los códigos y conductas propias de ésta, vale decir, ciertas
formas de sectarismo e intolerancia, que se expresan en elevados
grados de autocomplacencia, la repetición de consignas y
el riesgo de uniformalización del país. Esta sobreideologización
entraña, paradójicamente, una profunda banalización ideológica
que ahuyenta los debates y confrontaciones reales acerca de los
principales problemas del país.7
k) La magnitud del desafío redistributivo y las políticas para el
cambio del perfil social de Venezuela
Venezuela, como el resto de Latinoamérica, se ha caracterizado
por tener en las ultimas tres décadas, una sociedad con altas
desigualdades económicas. Aunque las cifras de la desigualdad
en la distribución del ingreso varían en magnitud según la
fuente (CEPAL, BID, PNUD, Banco Mundial) existe unanimidad
entre los diferentes organismos internacionales en afirmar
que en la década del ochenta y del noventa, la desigualdad
aumentó en Venezuela en una proporción mayor a la registrada
en el resto de países de la subregión andina.8 Las cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas, revelan valores diferenciados
del coeficiente de Gini9 de 34 % en 1982, 47 % en 1990 y 49%
en 2002.10
Entre 1979 y 2004, el PBI creció en promedio 0,91% anual, contra el 2,1%
que promedió el crecimiento anual de la población.11 Luego de un período
de incremento sostenido entre 1950 y 1977, el PBI por habitante empieza a
decaer hasta llegar a niveles un 12,4% inferiores, en promedio, durante los
años noventa. Debido a la crisis política interna, el PBI per cápita de 2003
fue el mismo de 195612 y la pobreza alcanzó niveles nunca antes vistos.

Desde 1999 y para paliar la crítica situación social del país, el Estado
venezolano viene adelantando un proceso que tiende a abrir espacios de
participación ciudadana y reconocimiento real del conjunto de derechos
y deberes consagrados constitucionalmente. En ese sentido, adelantó una
serie de políticas de corte universalista, aumentando sustancialmente el
monto destinado al área social, inversión que ha permitido el descenso
en los niveles de pobreza.
El aumento de los recursos en el área de educación, ha permitido
mejorar su cobertura en todos los niveles, tal y como se expresa en las
siguientes cifras.13
Sin embargo, los eventos políticos del 2002, que con el objetivo de
desplazar de la presidencia a Hugo Chávez, incluyeron un golpe de
Estado y un paro petrolero, llevaron al gobierno a replantear su estrategia
en el área social, no solo por el notable incremento de personas en situación
de pobreza en ese año debido a la caída de la actividad económica,
la más grande en la historia del país, sino también para recuperar la iniciativa
política en el seno de los sectores populares, los cuales se alinearon
en el respaldo al gobierno y al presidente Chávez. En este nuevo marco,
la consolidación de las políticas públicas en lo social se afirmaron en la
participación política, encontrando en las "misiones" la figura destacada
para la puesta en marcha de iniciativas en diversos sectores dirigidas a garantizar
y satisfacer bienes y servicios sociales al tiempo que busca crear
espacios efectivos de inclusión.
En lo que respecta a la promoción de la participación, es importante
conocer lo alcanzado en la década, debido a que esta ha sido una
de las políticas centrales del gobierno nacional en su búsqueda de la
inclusión social.
Este intenso proceso de participación fue paralelo y alimentó la creación
de las "misiones", que actualmente cumplen 5 años de desarrollo.
Lo que se conoce bajo este nombre no es algo homogéneo, ya que existen
variaciones profundas entre ellas en cuanto a organismos que las ejecutan,
problemática que atienden, formas de implementación, de participación
de los beneficiarios, etc.

Entre 2003 y 2008 se han puesto en marcha 25 misiones, de las que
se describen las más importantes: Barrio Adentro (atención médica en
sectores populares, ahora con el objetivo de reemplazar el sistema tradicional
de salud), Mercal (venta en sectores populares de alimentos subsidiados
hasta en un 40% por el Estado), Alimentación (garantía de la
seguridad alimentaria, casas de alimentación), Robinson (alfabetización
y estudios primarios), Ribas (culminación de estudios de bachillerato),
Sucre (posibilidad de seguir estudios universitarios fuera del sistema regular),
Identidad (garantía del derecho a la identificación en sectores populares),
Milagro (operaciones de la vista en Cuba), Zamora (recuperación
de tierras ociosas para la agricultura y capacitación ad hoc), Che
Guevara (transformación económica para el socialismo, búsqueda de
cambio del modelo de desarrollo), Ciencia (democratización del acceso
al conocimiento científico), Miranda, Piar, Guaicaipuro, Cultura, Negra
Hipólita, Árbol, Ciencia, Madres del Barrio, Revolución Energética,
Sonrisa, Alma Máter, Villanueva, Música, José Gregorio Hernández y
13 de Abril.14
Como toda política social, ésta también responde a un proyecto político
general. En el caso de las misiones, las mismas responden a objetivos
macros dentro del proyecto bolivariano:
• Prestar atención preferentemente a los sectores populares
• Intento de crear una nueva institucionalidad
• Promoción de la participación popular en políticas públicas
• Promoción, a través de las mismas, de programas centrales como
el desarrollo endógeno y de proyectos colectivos
• Búsqueda de la inclusión y de la igualdad
A pesar de la heterogeneidad señalada se pueden identificar rasgos comunes
que comparten en mayor o menor medida entre ellas:
Se trata de intervenciones focalizadas y selectivas en áreas consideradas
estratégicas por el gobierno nacional, ya sea por atender a ciertos sectores
de la población tradicionalmente excluidos (Barrio Adentro) o por
la intervención en espacios prioritarios para el desarrollo del país (misio-
nes Che Guevara, Ciencia, Energía), mediante la conjunción del trabajo
de varios ministerios, conformados en una Comisión Presidencial, una
especie de task force. Las misiones, que en un comienzo gozaron de una
gran osadía gerencial, se han convertido en la forma preferente de intervención
por parte del gobierno, debido a la posibilidad de destinar
en forma expedita y sin trámites burocráticos, grandes recursos (financieros,
humanos, técnicos) para la atención de los objetivos a realizar.
Por lo general, se han planteado como un mecanismo paralelo al Estado
constituido, buscando superar los obstáculos presentes en los aparatos de
ejecución, aunque ya en la actualidad, cualquier política que se quiera
desarrollar en cualquier ámbito se lleva a cabo a través de la figura de
"misión". La gran resonancia tanto política como social, obtenida por las
primeras misiones, contribuyó a que fuesen identificadas como mecanismos
expeditos de acción pública, por lo que para la resolución de cualquier
problema social, la ciudadanía demanda la creación de misiones,
entendiendo que éstas gozan de mayor apoyo por parte del Estado. Las
misiones son ahora una especie de "objeto de deseo" de los diferentes niveles
del gobierno, estadual y municipal por la cantidad de recursos que
movilizan. En su diseño, hay que tomar en cuenta ciertos temas, que le
confieren un carácter específico a las misiones sociales, sólo aplicable en
el ámbito venezolano. Por ejemplo, el origen de los fondos a redistribuir,
el cual, por su carácter excedentario y rentístico, no genera conflictos
sociales. Por otra parte, se encuentran en su diseño igualmente ciertas
tensiones, en lo que respecta a la discusión entre equidad e igualdad,
reforma y revolución, bolivarianismo (en tanto proyecto geopolítico) y
socialismo (en tanto proyecto de cambio socio-económico) y los fines
del Estado.
En la actual coyuntura del país, las misiones como mecanismo de política
pública social, gozan de la aceptación mayoritaria de la sociedad
venezolana, tal y como se refleja en su favorabilidad en todas las encuestas
de opinión pública.15 Ello se debe básicamente a que las misiones se
dirigen fundamentalmente a los sectores tradicionalmente excluidos del
ámbito educativo y laboral. En las mencionadas encuestas se plantea la
necesidad de su sostenibilidad en el tiempo, aún cuando eventualmente
haya un cambio en el gobierno.
Como se señaló anteriormente, otro elemento común a las misiones
es la intervención multiagencial, es decir, la convergencia de varias instituciones
y ministerios para el logro de los objetivos. Por ejemplo, en la
Comisión Presidencial de "Barrio Adentro" fueron miembros iniciales:
CUFAN (Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional), MEM
(Ministerio de Energía y Minas), PDVSA, Frente Francisco de Miranda
y la Alcaldía de Caracas; en la Misión "Vuelvan Caras" (la primera versión
de la actual "Che Guevara"), llegaron a formar parte unos 20 entes
gubernamentales, los cuales a su vez participaban en la coordinación de
otras misiones.
Es posible identificar tres elementos comunes en la mayoría de las
misiones, o en las más importantes por su carácter asistencial: la participación
de Cuba en la formulación y ejecución de Barrio Adentro y en
la asesoría técnica de todas las misiones educativas; la participación de
PDVSA como ejecutor en algunos casos y como proveedor financiero y
la de las FAN (Fuerza Armada Nacional), como recurso humano.
Lamentablemente, son escasas las evaluaciones independientes de los
resultados e impacto de las misiones en términos de reducción de la pobreza
y de la desigualdad y en términos de logros efectivos de inclusión
social y política. A ello contribuye la polarización interna en ciertos
temas, la ideologización, la alta favorabilidad que gozan dichas misiones
entre la población en general lo cual promueve la autocomplacencia oficial,
y la amplia y constante disponibilidad de recursos financieros con
escasa contraloría social, que repare acerca de los mecanismos de eficiencia
y eficacia.
Al intentar realizar algún tipo de evaluación de las misiones se tropieza
con diferentes niveles de dificultad; por un lado la precariedad de
las estadísticas disponibles, ya sea por la poca sistematicidad con las que
son recolectadas o por su utilización con fines promocionales más que
como instrumento de evaluación. Otro de los obstáculos viene dado por
las mismas características de las misiones, como productos no definitivos,
sino que se han ido definiendo en la práctica misma. Esto ha provocado
que en su desarrollo presenten cambios continuos, a veces producto
de evaluaciones, otras producto de la improvisación o por cambios
propiciados por el mismo presidente o por las personas encargadas de
su ejecución. Se podría decir que existe una tensión constante entre la
institucionalización que requieren las misiones para hacer sostenible su
acción social y su recreación permanente según la coyuntura política.
Adicionalmente, la constante presión por el logro de resultados tangi
bles, le imprime a los procesos sociales un impulso acelerado y el trabajo
sobre la marcha propio de operaciones de emergencia, que atentan contra
cualquier posibilidad de institucionalización, sobrevalorándose los resultados
inmediatos y no los procesos que se realizan. Estas situaciones atentan
contra el logro de los objetivos que se han planteado, dándose el caso de
abundantes ejemplos de la instalación de misiones en sitios poco adecuados
o que no responden a las necesidades de la comunidad, haciendo que sean
intervenciones artificiales y a largo plazo insostenibles. La polarización política
vivida por el país ha marcado de manera contundente esta política
pública, determinando que las mismas sean una referencia principalmente
para los seguidores del presidente Chávez, aun cuando de entrada no se
establezcan mecanismos de discriminación en el acceso a ellas.



 

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fuentes :http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf