sábado, 30 de abril de 2011

La rendición de cuentas por las violaciones del pasado en Uruguay

 

1. Antecedentes
Con la caída de la dictadura militar y el inicio de la transición a la democracia
en Uruguay, a partir de marzo de 1985 comienzan a presentarse
denuncias ante la justicia ordinaria por casos de violaciones a los derechos
humanos acaecidos en los años del terrorismo de Estado.
La primera reacción por parte del gobierno del presidente Julio María
Sanguinetti (1985-1989) fue reclamar la competencia de la llamada "justicia
militar" para entender en estos casos, extremo que fue rechazado
oportunamente por la Suprema Corte de Justicia, que estableció con claridad
la competencia de la Justicia Penal Ordinaria (fuero civil) para la
investigación de los hechos denunciados.
En medio de un fuerte debate, con veladas y explícitas presiones castrenses
y resistencias a la acción de la justicia por parte de los sectores
mayoritarios de los partidos políticos tradicionales, los magistrados actuantes
disponen las primeras citaciones de militares para recibir sus declaraciones
en las causas ya iniciadas. El comandante en jefe del Ejército
manifiesta abiertamente que no se acatarán esas órdenes judiciales y, con
el argumento de "evitar una crisis institucional", el Partido Colorado en
el gobierno, con el apoyo de sectores del Partido Nacional, impulsa una
"solución legal" a fines de 1986.
El resultado de este acuerdo político es la llamada "Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado" (N° 15.848), en los hechos una
ley de amnistía para los autores de violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar, que pretendía sellar un pacto de impunidad
entre un sector del sistema político uruguayo y las Fuerzas Armadas.
El elemento central de esta ley consiste en la potestad del Poder
Ejecutivo de disponer qué casos están amparados por la "caducidad de la
pretensión punitiva del Estado" y qué casos no. De esa forma, el Poder
Judicial solamente podría intervenir en los casos que el presidente de la
República excluía del alcance de la norma. Por supuesto, en los veinte
años que siguieron a partir de la instalación de este mecanismo legal, ni
un solo caso fue considerado por los gobiernos de turno como "no amparado"
por la impunidad.
La primera reacción de víctimas y familiares de víctimas de violaciones
de derechos humanos fue solicitar a la Suprema Corte de Justicia que
declarara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Por escasa mayoría
la Suprema Corte falló que la norma impugnada no era contraria a
la Constitución de la República.
Cerrados los caminos para continuar el reclamo judicial por la vía interna
y sin perjuicio de acudir a los mecanismos internacionales, se tomó
la decisión de iniciar los procedimientos establecidos en la Constitución
de la República para someter una ley al resultado de la consulta ciudadana.
Es así que, luego de un proceso arduo y plagado de obstáculos de
todo tipo, el 16 de abril de 1989 la ley de Caducidad fue ratificada por la
ciudadanía con el 56% de los votos. Solamente el 41,3% de los votantes
optó por dejarla sin efecto.
El segundo gobierno democrático, encabezado por Luis Alberto
Lacalle, del Partido Nacional (1990-1995), así como el tercero, que fue
nuevamente presidido por Sanguinetti (1996-2000), y el cuarto, a cargo
de Jorge Batlle (2001-2005), mantuvieron una posición monolítica en
cuanto a incluir todas y cada una de las denuncias por violaciones de
derechos humanos dentro del marco de la "ley de impunidad". La única
diferencia marcada por el gobierno de Jorge Batlle fue que este intentó
al menos, favorecer la instalación de un mecanismo para investigar la
verdad sobre los hechos del pasado trágico uruguayo (la "Comisión para
la Paz") que, más allá de los cuestionamientos de que fue objeto, abrió
espacios que permitieron luego desarrollar nuevas investigaciones.
Sin embargo, y más allá de este matiz, en los cuatro gobiernos del
período 1985-2005 "la impunidad siguió tan campante, traduciéndose,
entre otras áreas, en una cerrada defensa en aquellos casos judiciales
donde se reclamaban reparaciones por parte de víctimas o familiares de
víctimas de violaciones a los derechos humanos; en el pertinaz bloqueo a
cualquier intento de incorporar la historia reciente del país a los programas
oficiales del sistema educativo; en mantener incambiada la doctrina
y los planes de formación en las escuelas de cadetes de las tres armas de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como en la promoción en
su carrera profesional de militares y policías con participación directa en
acciones de terrorismo de Estado".1

2. La situación a partir de marzo de 2005

El primero de marzo de 2005 asume, por primera vez en Uruguay, un
gobierno de fuerzas de izquierda, encabezado por el presidente Tabaré
Vázquez. La fuerza política que comienza a gobernar el país (el Frente
Amplio, una coalición de partidos, movimientos y sectores independientes)
aprobó su plataforma electoral en un congreso de diciembre de
2003. En esa oportunidad, se asume el compromiso programático de
avanzar en la investigación de las violaciones a los derechos humanos
acaecidas durante la dictadura militar en el marco de la aplicación estricta
de lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la ley de Caducidad. En
concreto: en su plataforma electoral, y a partir de un debate interno
sobre los efectos político-institucionales del resultado del referéndum de
1989, el Frente Amplio se compromete a no impulsar la anulación de la
ley de Caducidad, pero sí a cambiar sustancialmente la interpretación
que de esta norma hicieron los gobiernos anteriores.
El mismo día de asumir la presidencia de la República, Tabaré Vázquez
manifestó ante la Asamblea General (Congreso uruguayo) su "compromiso
de promover una política activa en materia de Derechos Humanos". En esa oportunidad,
el presidente agregó:
"Reconozcámoslo: a veinte años de recuperada la institucionalidad democrática
aún subsisten en materia de derechos humanos zonas oscuras.
Reconozcamos también que, por el bien de todos, es necesario y posible aclararlas
en el marco de la legislación vigente, para que la paz se instale definitivamente
en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore
el drama de ayer, con sus historias de entrega, sacrificio y tragedia, como un
indeleble aprendizaje para el mañana. Y con la verdad buscaremos que nuestra
sociedad recupere la paz, la justicia y, sobre todo, que el horror de otras
épocas nunca más vuelva a pasar. Nunca más, uruguayos…".
"Mi compromiso de escuchar a la gente, de dialogar con ella, de rendirle
cuentas, de promover una ciudadanía que potencie los derechos
políticos, civiles y sociales de las uruguayas y los uruguayos. En fin: mi
compromiso de trabajar por los cambios propuestos durante la campaña
electoral y que la ciudadanía respaldó con su voto. Respaldo que todos
deben respetar, y que quien habla asume como un mandato".2
A la noche, en el discurso público en las escalinatas del Palacio
Legislativo, Vázquez amplió su visión sobre el tema: "Nuestro gobierno
cumplirá el mandato establecido en el artículo 4º de la Ley 15.848, procurando
agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos—desaparecidos e investigando
al efecto en los establecimientos militares correspondientes (...) Se publicará
lo que se sabe, se publicará lo que se conoce, no con el fin de alimentar odios, no
con el fin de llevar a nadie frente a la Justicia, fuera de los que establece la Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sino para que lo que pasó nunca
más en el Uruguay".
Y agregó el nuevo presidente: "Dentro de pocas horas dispondremos los
estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos detenidos
desaparecidos durante la dictadura militar. Queremos saber qué pasó con estos
ciudadanos, si están o no enterrados allí, si están recuperados, identificados y sus
restos entregados a sus familiares. Y si no están, tendremos que saber porqué no
están y qué pasó con ellos".
Conforme a ese compromiso, el nuevo gobierno uruguayo comenzó
a desplegar una estrategia que incorporó diferentes líneas de acción: por
una parte, ordenó a las Fuerzas Armadas la presentación de toda la información
disponible sobre los casos de personas detenidas desaparecidas;
complementariamente dispuso el ingreso de un equipo de antropólogos a
diferentes establecimientos militares con el objetivo de ubicar sitios donde
se hubieran producido enterramientos clandestinos de personas; por otra
parte, encomendó a un equipo de historiadores una investigación sobre la
situación de las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, Argentina,
Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil en el marco del "Plan Cóndor"; y finalmente,
en cumplimiento de los artículos 1 y 4 de la ley 15.848, habilitó la
investigación judicial en casos de violaciones a los derechos humanos que,
a partir de una nueva interpretación de esa norma, quedaban fuera del amparo
de la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado".3
Como resultado de esto, por primera vez en veinte años de democracia,
fueron procesados por la justicia competente el ex dictador Juan
María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, así como varios
oficiales militares reiteradamente denunciados como autores de las más
graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia. A
esto debe agregarse el reciente procesamiento con prisión del Gral. (R)
Gregorio Alvarez, presidente de facto y alto mando operativo militar de
la dictadura que, en su momento, en la cúspide de su poder ilegítimo,
afirmó que asumiría la responsabilidad de cualquier denuncia por violación
a los derechos humanos que pudiera presentarse en el futuro.
En un comentario sobre el gobierno iniciado en marzo de 2005, Oscar
Destouet sostiene:
"El nuevo gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez ha mostrado, en
el corto lapso de su administración, voluntad política en profundizar la búsqueda
de verdad, justicia y por ende de la memoria. Diversas acciones han
impulsado su gobierno y su fuerza política, desde el Poder Ejecutivo y desde
el Poder Legislativo. Excavaciones en los regimientos militares Nº 13 y 14
y una chacra que fuera de la Fuerza Aérea denunciados por familiares de
desaparecidos y por la Comisión para la Paz como lugares de enterramiento
de detenidos; exigencia a los mandos militares de aportar toda la información
disponible; entrega de documentación existente en los Ministerios de
Relaciones Exteriores y del Interior a familiares de víctimas y organizaciones
de Derechos Humanos; aprobación de ley sobre ausencia por desaparición
forzada de personas".4
En la misma dirección, Amnistía Internacional informa que:
"el gobierno del presidente Tabaré Vázquez Rosas inició una serie de investigaciones
para establecer la suerte corrida por las víctimas de «desaparición»
del periodo del gobierno militar (1973-1985) y los lugares donde habían
sido enterradas. Los lugares que se investigaron incluían cuarteles militares,
donde se encontraron restos humanos. Tres casos de violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado fueron presentados ante los juzgados.
Sin embargo, no se hizo ningún intento de anular la Ley de Caducidad.
El gobierno de Tabaré Vázquez Rosas interpretó que el alcance de la Ley de
Caducidad estaba limitado a las violaciones de derechos humanos cometidas
por los gobiernos militares después del golpe de Estado militar de junio de
1973. Esta interpretación abrió la posibilidad de entablar acciones judiciales
contra unos 600 miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas en relación
con delitos cometidos antes del golpe de Estado"

3. Conclusiones
Sin dudas, la política oficial en Uruguay sobre violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura militar muestra un fuerte punto de inflexión
a partir de la asunción del actual gobierno de izquierda. Más allá
de que se trata de una tarea todavía inconclusa, no puede negarse que este
gobierno ha permitido avanzar hacia objetivos nunca antes buscados por
los presidentes del periodo 1985-2005. Más allá de los cuestionamientos
que pueden hacerse a la política del presidente Vázquez en la materia,
tampoco puede negarse que la misma es absolutamente coherente con los
compromisos electorales del Frente Amplio y con la posición asumida y
trasmitida en forma constante por el gobierno desde el mismo momento
de su toma de posesión.
Se abrió una grieta importante en el muro construido durante años
para defender el pacto de impunidad: es responsabilidad de toda la sociedad
uruguaya seguir profundizando en esta tarea, para consolidar una
forma de convivencia en democracia, sostenida en el respeto a la dignidad
de todas las personas que la integran, a partir del logro de la verdad
y la concreción de la justicia.

 

recuperativo 1 parcial ees

 

junior monroy 18443389

 

fuentes :http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf

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